El acuerdo entre Gobierno y sindicatos, al que se ha llegado al límite del inicio del período electoral –el ejecutivo ha querido evitar acusaciones de electoralismo o aplazar el entendimiento dada la delicada situación–, cierra el período de inestabilidad en el interior de las prisiones catalanas que estalló a raíz del asesinato de una trabajadora del centro de Mas d'Enric el pasado 18 de marzo. De hecho, las negociaciones venían ya de antes, pero seguramente no habrían tenido el mismo desenlace sin las tumultuosas semanas de huelgas y protestas que se han vivido en los centros penitenciarios. La sacudida ha sido fuerte; el resultado final supone un adelanto.
El pacto comporta la firma del primer convenio colectivo del personal penitenciario desde 2006, es decir, hace casi dos décadas. Se partía, pues, de un largo enquistamiento en las relaciones laborales en las prisiones que habían comportado un malestar creciente: la muerte de la cocinera de Mas de Enric a manos de un preso precipitó el estallido de ira de los trabajadores . Esto no implica, sin embargo, que el modelo penitenciario catalán, un gran desconocido para la ciudadanía, fuese un desastre. No lo es. Al contrario. En los cuarenta años de gestión de competencias propias en este campo, los gobiernos de la Generalitat de los diferentes colores políticos han dado continuidad a un sistema basado en la rehabilitación y la reinserción: en Cataluña, 8 de cada 10 personas que pasan por prisión no vuelven a entrar. Son buenos datos. Cada reinserción es un éxito para el afectado y para el conjunto de la sociedad, evitando así futuros delitos y futuras víctimas.
El terrible homicidio de Mas de Enric es el primero en cuarenta años. Y debe ser el último. Las medidas que se han pactado, y que tendrán un coste anual de 30 millones de euros para la administración, deben servir para reducir al máximo un riesgo que ya era bajo, lo que sin duda no devolverá la vida a la víctima ni consolará a los familiares y compañeros de trabajo. En concreto, las mejoras logradas conllevan aumentos salariales –sobre todo vía horas extras, nocturnidades y fines de semana–, ampliación de la bolsa de trabajo en un mínimo de 500 efectivos, reducción de jornadas –el personal de vigilancia realizará ciclos de seis días: dos de trabajo y cuatro de descanso–, renovación de los equipos de intervención a lo largo de 2025, incorporación de pulsadores personales y de nuevos radiotransmisores y formación en defensa personal para todos los trabajadores. Además, en las cocinas los alimentos ya llegarán cortados, y los cuchillos estarán atados con cadenas, dejando de haber internos trabajando en las cafeterías. En un terreno de menor concreción, están los compromisos del Gobierno para que los vigilantes trabajen siempre de dos en dos, para avanzar en la igualdad de género y por la creación de una escuela de formación penitenciaria y de un cuerpo especial penitenciario.
Este retorno a una normalidad mejorada debe permitir sacar mayor provecho del esfuerzo de muchos profesionales del entorno penitenciario, unos trabajos poco reconocidos y muy necesarios. El camino debe seguir siendo la rehabilitación y la reinserción, con pleno respeto por los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de todos los internos, familias y trabajadores.
