Trapero y López desmienten al coronel Pérez de los Cobos

MadridDos delitos de sedición y ninguna fianza. La juez Carmen Lamela anunciaba el lunes 19 que según las “nuevas investigaciones” a Josep Lluís Trapero se le imputan además de un delito de sedición por la manifestación del 20 de septiembre de 2017 ante la consejería de Economía otro delito de sedición por la conducta de los Mossos durante la jornada del 1-O.

Pero Lamela rechazó, al finalizar la declaración, la solicitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional precisamente por ese segundo delito de sedición. Lamela ha dicho no, no es necesario porque Trapero no se va a fugar, no va a destruir pruebas ni va a reiterar los delitos.

La declaración de Trapero este viernes debe ser considerada conjuntamente con la del jefe actual de los Mossos, Ferrán López, nombrado por el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido en aplicación del artículo 155. Si Trapero declaró ayer como imputado, López lo hizo como testigo, con obligación de decir verdad.

Y las dos declaraciones coinciden: las acusaciones del coronel Diego Pérez de los Cobos, el testigo de cargo contra la cúpula de los Mossos, son inveraces. Ambos han cuestionado la existencia de un dispositivo de simulación –argumento de Pérez de los Cobos comprado por la Fiscalía y por la juez Lamela- para permitir la votación el 1-O pese a los esfuerzos en contrario -léase represión- de Policía y Guardia Civil.

Zoido, según dejamos constancia ayer, nombró a Ferrán López con el siguiente razonamiento: el dispositivo de simulación para obstruir a la Policía y a la Guardia Civil el 1-O lo diseñó Trapero y no la cúpula –los comisarios- de los Mossos.

La juez Lamela llevó ayer el peso del interrogatorio. Se ha estudiado los hechos. Es ordenada. Y ha logrado de Trapero y de López una respuesta coincidente. Aquí no hubo un dispositivo de inactividad/simulación.

Trapero explicó que fue López quien acudió la mañana del 1-O a la reunión con el coronel Pérez de los Cobos. Previamente habían informado al coronel del plan para impedir la votación.

Trapero, a su vez, mencionó la celebración, con anterioridad al 1-O, de dos reuniones en el Palau de la Generalitat en la que se analizó la preocupación por la seguridad ciudadana el 1-O. También manifestó que existía incomodidad por declaraciones según las cuales los Mossos permitirían la votación del 1-O.

La conclusión que se desprende de ambas declaraciones es evidente: el diseño del plan de actuación para el 1-O fue una decisión colegiada en la que participaron todos los comisarios de la Jefatura.

Lo que dijo el ministro Zoido a este cronista el pasado jueves, día 22 de febrero, a las 9,30 de la mañana en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, a saber, que nombró a López porque no había tenido participación alguna en el dispositivo creado por Trapero –el malo, malísimo, de la película- no ha resistido más de veinticuatro horas. A las nueve y media de ayer viernes 23 quedaba desmentido primero por Trapero y poco después por Ferrán López.

En su auto de denegación de nuevas medidas cautelares –Trapero ha entregado en octubre su pasaporte y debe comparecer cada 15 días en comisaría-, la juez Lamela señala que “en este momento, la investigación en relación a los hechos que se imputan a Josep Lluís Trapero se encuentra bastante avanzada”.

Fuentes judiciales consultadas señalan que si bien la juez va a ampliar en 12 meses el plazo de la investigación de seis meses que se cumplen en marzo (declaración de “instrucción compleja”), la afirmación de que la investigación ya está “bastante avanzada” apunta a incoar sumario ordinario (las penas por el delito de sedición son superiores a los 9 años) y dictar auto de procesamiento contra Trapero.

Con anterioridad, la juez tendrá que acoger la solicitud de la Fiscalía de citar a declarar como imputados al ex director de los Mossos, Pere Soler, y al ex secretario general de la consejería de Interior, César Puig.

Si Lamela concluye las actuaciones, en ningún caso, según fuentes judiciales, la Audiencia Nacional procedería a un enjuiciamiento por separado y de manera independiente de esta causa antes de que el magistrado Pablo Llarena concluya su instrucción. Terminada la investigación de Trapero, el Supremo podría solicitar a la Audiencia Nacional la causa para incorporarla a sus propias actuaciones.

El próximo lunes Llarena, a solicitud del ex consejero Joaquím Forn, tomará declaración en calidad de testigos a Ferrán López; al jefe de la Comisaría Superior de Coordinación de los Mossos, Juan Carlos Molinero y al jefe de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad, Emilio Quevedo y al jefe de la Comisaría General de Información del Cuerpo autonómico, Manuel Castellví.