Pacto PP-Vox

Menos valenciano, más toros y eliminación de impuestos: el balance de los primeros seis meses del gobierno del PP y Vox

El ejecutivo ha reducido la presencia del catalán en la enseñanza, ha marginado a las entidades que promueven su uso y ha eliminado el tributo de sucesiones y de donaciones

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (d), el vicepresidente primero, Vicente Barrera, la vicepresidenta segunda, Susana Camarero, y la consejera de Hacienda y portavoz, Ruth Merino (e), tras la aprobación de los presupuestos para el año 2024.

ValenciaSólo seis meses después de ese 13 de junio del 2023 en el que el Partido Popular y Vox anunciaron un acuerdo expreso de gobierno en la Comunidad Valenciana, el binomio ultraconservador ya ha dejado una buena muestra de las políticas que pretende aplicar en los próximos cuatro años. El balance del primer semestre destaca por una especial diligencia en tomar medidas en el ámbito lingüístico y cultural, mientras que el ejecutivo se ha mostrado más prudente y continuista en sectores como el económico o en la regulación de la administración, donde aún no ha mostrado todas las cartas pese a la adopción ya de algunas medidas.

Las familias elegirán la lengua vehicular

Sin lugar a dudas, las iniciativas más polémicas han sido las que regulan el uso del valenciano y la lengua y la cultura catalanas en su conjunto. El PP y Vox ya han aprobado que a partir del próximo curso el valenciano deje de ser lengua vehicular en todo el territorio. No se usará para impartir clase en las ocho comarcas donde históricamente el catalán no ha estado presente o lo ha estado residualmente, y únicamente se estudiará la materia si el alumnado lo solicita. Además, el Govern tiene muy avanzado un borrador de la futura de ley de plurilingüismo que pretende fijar que sean las familias y no el consejo escolar las que elijan la lengua vehicular de cada centro.

Cero euros en la promoción del catalán y 300.000 en las corridas de toros

Más allá de las aulas, el binomio ultraconservador también ha aplicado la tijera contra las medidas que incentivan el uso del catalán y ha suprimido la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) y el Consejo Social de las Lenguas. Además, eliminó las ayudas a las entidades que promueven la lengua. Entre las principales víctimas se encuentran el Institut Ramon Llull, la Cátedra Vicent Andrés Estellés, el Espacio Joan Fuster de Sueca y la Fundación Carles Salvador. Todas ellas el próximo año no recibirán ni un euro. Y si no se destinan a las asociaciones que fomentan el valenciano, ¿dónde irá el dinero de la conselleria? La respuesta es sencilla: a las organizaciones que niegan la unidad del catalán como Lo Rat Penat, la Real Academia de Cultura Valenciana y la Asociación de Escritores en Lengua Valenciana. Pero la ayuda más polémica ha sido la concedida a la Fundación Toro de Lídia, con sede en Madrid, que ingresará 300.000 euros para organizar corridas de juegos en la Comunidad Valenciana. "Lo repetiré las veces que haga falta: no defenderemos a ninguna entidad que defienda la implementación de los Països Catalans en esta parte de España que se llama Comunidad Valenciana", sentenció el conseller de Cultura y Deporte y dirigente de Vox, Vicente Barrera.

Esta línea política también se ha trasladado a escala municipal, con el veto a revistas en catalán como El Tiempo, Sàpiens, Camacuc, Lengua Nacional, Enderrock y Cavall Fort en localidades como Burriana y Torrent. En esta última ciudad, en julio también se cambiar el nombre del auditorio municipal, que en el 2016 se había bautizado en honor al cofundador deel histórico grupo de música folk Al TallVicent Torrent, y pasó a llamarse únicamente Auditorio Municipal. Por el contrario, en Valencia, el PP y Vox han nombrado Rita Barberá alcaldesa honoraria pese a que fue una persona acusada de corrupción y con causas abiertas con la justicia que sólo se archivaron con su muerte.

Adiós al impuesto de sucesiones y donaciones

Menos ruidosas, pero igual de trascendentes, han sido medidas como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, la eliminación de una tasa turística aprobada por el anterior ejecutivo, pero que todavía estaba pendiente de aplicarse, y sus primeros pasos para relajar los trámites que regulan los planes urbanísticos, los proyectos de inversión y los planes industriales.

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