Vox estará como acusación en la declaración ante el juez del abogado despedido de Podemos

MadridEl juez Manuel García-Castellón ha resuelto admitir la personación como acusación popular de Vox y de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege en la pieza número 10 del caso Tándem-Villarejo, la llamada Dina, en la que el juez investiga de facto a Pablo Iglesias aunque no de iure ya que el vicepresidente segundo del gobierno es aforado. Asimismo, ha inadmitido la querella criminal presentada por Vox el pasado 25 de julio por defecto de forma, aunque anticipa que si se subsana, para lo que otorga diez días de plazo, la va a admitir a trámite.

Fuentes judiciales señalan que el juez García-Castellón deseaba contar con la presencia de Vox en la declaración en calidad de testigo de José Manuel Calvente, el abogado despedido de Unidas Podemos, al que ha citado para el 9 de septiembre. Calvente ha hecho declaraciones a medios de comunicación en las que presume de haber advertido en su día que la denuncia del robo del teléfono y de las filtraciones de su contenido eran una maniobra política. Esta es la tesis del juez García-Castellón y por esta razón le ha citado a declarar.

El juez señala: “Especial interés plantea la personación del partido político Vox, visto que junto con el escrito presentado el pasado 7 de julio de 2020 acompañaba una copia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción. Por otro lado, el 26 de agosto de 2020 se ha recibido en este juzgado el escrito de querella interpuesto por este mismo partido político reproduciendo, en esencia, los hechos y la calificación recogidos en la denuncia ante la Fiscalía”.

El juez, empero, señala que la querella “no puede admitirse a trámite al constatarse un defecto procesal subsanable”, y agrega: “Sin perjuicio de su posterior subsanación”. Sucede que falta la firma en el escrito de querella. El juez da 10 días de plazo para proceder a la subsanación del defecto procesal. El juez solicita una fianza de 15.000 euros.

La asociación de juristas

Y en relación con la asociación cuya personación se acepta, el juez entiende “que debe valorarse el hecho de tratarse de una asociación de nueva creación formada por un escaso número de miembros y cuya capacidad económica es claramente más limitada…”. El juez pide una fianza de 10.000 euros, sin solicitar sus estatutos.

Esta “accesibilidad” a ambas personaciones está en contradicción con la denegación de la personación de la sociedad propietaria de OK Diario por parte del auto del juez del pasado 14 de julio. La sociedad editora invocaba para personarse el hecho de que les había perjudicado las afirmaciones de Pablo Iglesias y de Unidas Podemos de que su publicación había participado en una operación policial contra ellos (publicación de material de la tarjeta robada a Dina Bousselham, exasesora de Iglesias).

En su auto, el juez señalaba los delitos que se están investigando en esta pieza: descubrimiento y revelación de secretos y posibles daños informáticos. El juez, según se ha apuntado, anticipa que admitirá a trámite la querella de Vox nada más se subsane la falta de firma del escrito presentado.

Pero la querella está dirigida contra Pablo Iglesias; el fiscal Ignacio Stampa, a cargo junto con el fiscal Miguel Serrano, de la pieza Dina y de todo el procedimiento Tándem-Villarejo ; Dina Bousselham, a quien se le robó el teléfono, y su abogada Marta Flor. Y los delitos se apartan de lo que se investiga en la pieza Dina: denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.

El juez no tiene competencia para investigar a Pablo Iglesias -aunque lo está haciendo de facto- ni a Ignacio Stampa. Por tanto, según fuentes judiciales, cuando se subsane el defecto de forma y dicte el auto de admisión de la querella de Vox, tendrá que rechazar o inadmitir todo lo que se refiera a Iglesias y Stampa.

¿La querella como pretexto?

Pero al considerar que no es competente ¿utilizará la querella de Vox como pretexto para trasladar la acusación contra Pablo Iglesias y el fiscal Ignacio Stampa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo? ¿Será este el ardid para sustituir a la exposición razonada que perseguía y que no ha conseguido plasmar? Ya llegaremos a este punto cuando Vox subsane el defecto y el juez admita su querella.

Si el deseo de Santiago Abascal era crear ambiente de cara a la próxima moción de censura de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, las decisiones del juez García-Castellón, cuyo objetivo ya confesado es Pablo Iglesias, lo han hecho realidad.