La semana pasada, la Guardia Civil detuvo, esposadas como si fueran delincuentes peligrosas, a dos jóvenes de la localidad mallorquina de Santa Maria del Camí por haber hecho pintadas contra la saturación turística y la especulación en la fachada de la oficina de una inmobiliaria alemana. Para la detención, fueron avisados varios medios de comunicación, que difundieron la imagen de las dos jóvenes siendo conducidas con las esposas puestas. También se difundieron imágenes grabadas ilegalmente con cámaras de seguridad de la misma inmobiliaria, en las que se las ve a ellas dos haciendo las pintadas. Al día siguiente, la Guardia Civil las acusó de pertenecer a una “organización criminal”. También Guardia Civil y Policía Nacional hicieron pública una amenaza: “Quien cometa delitos contra los intereses turísticos en Mallorca será detenido”.La desproporción es tan exagerada que ha causado indignación. Como se ha hecho notar en las redes, nunca se ha detenido a nadie en Mallorca por hacer pintadas fascistas, como las que ensucian regularmente —por ejemplo— el busto de Aurora Picornell. En todo caso, una pintada es un hecho anecdótico en una isla donde los ataques, las destrozos y los atropellos contra el medio ambiente, los espacios urbanos y las casas donde viven las personas se producen cada día, y a raudales. Y no a cargo de activistas que cuestionan el sistema, ciertamente, sino de un turismo de masas llevado al paroxismo, que tiene como consecuencia directa la presión demográfica y la crisis habitacional más fuertes de todo el estado español. La isla de Mallorca está siendo triturada y, al mismo tiempo, mercantilizada sin control ni medida. Muy al contrario, el gobierno actual de PP y Vox ha llevado adelante una ley ómnibus y una modificación de la ley agraria para desproteger el suelo rústico y los espacios naturales de la isla. Han creado un marco jurídico a medida para que cualquier abuso especulativo sobre una isla ya saturada y frágil sea no tan solo posible, sino perfectamente legal.Que las autoras de una pintada reivindicativa sean tratadas como delincuentes peligrosas es otro abuso, en este caso policial, del que deben responder el delegado del gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, y el ministro Marlaska. El contexto es fácil de entender: para el próximo domingo 26 hay convocada una gran manifestación en Palma contra la saturación turística, y los poderes políticos y económicos que se consideran dueños de la isla intentan criminalizar la protesta y generar miedo, a fin de sofocar y diluir la convocatoria. Hay un precedente inmediato: la gran cadena humana del pasado 5 de julio, en protesta por la desprotección del Parque Natural es Trenc: se pensaron que sería poca cosa y se encontraron con una importante movilización ciudadana, que les escoció y que han intentado —también— criminalizar diciendo... que se habían hecho pintadas. Previsiblemente, usarán las viejas jugadas sucias, empezando por las infiltraciones de provocadores dentro de la manifestación. Es absolutamente necesario que la de este domingo que viene sea la protesta más grande jamás vista en Baleares.
