Una actuación indigna de una democracia

España "violó los derechos políticos" del exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull yJordi Turull cuando los suspendió como diputados sin ninguna sentencia en el marco del proceso judicial contra el 1-O. Esto no es ningún eslogan del Once de Septiembre, a pesar de que lo podría parecer porque faltan pocos días; lo ha dictaminado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es una decisión que da la razón a los afectados y desacredita, una vez más, la pretensión del gobierno español de definir el estado como democracia llena. No, violar los derechos políticos de cargos electos no es digno de una democracia.

La resolución es simbólica, no tiene efectos prácticos inmediatos y es sobre todo una victoria moral. Pero es contundente y puede reforzar la causa de los presos políticos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la condena por sedición. Es una prueba más de las carencias de un Estado que en lugar de hacer política ha preferido demasiado a menudo la vía judicial, e incluso policial, contra pretensiones y acciones democráticas y legítimas.

La resolución de la ONU deja en evidencia el juez del Procés, Pablo Llarena, que interpretó la ley de enjuiciamiento criminal de una manera que como mínimo ahora queda en entredicho: o lo hizo mal, o la ley se tiene que rectificar. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, salió ayer en defensa de Llarena y dijo que el ejecutivo "entiende que las resoluciones judiciales se ajustan a la ley" y que están dispuestos "a mejorar la legislación". Según el Comité de Derechos Humanos, la suspensión no se hizo "por motivos previstos en la legislación que sean razonables y objetivos", fue "arbitraria" y no se impuso con "las garantías del obligado proceso de imparcialidad". Además, ratifica lo que en Catalunya ya teníamos claro: que las acciones de los cuatro presos políticos fueron "públicas y pacíficas".

La ONU pide también al estado español que adopte "todas las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro" y reclama que se le diga, en 180 días, cómo lo hará. El dictamen no es vinculante, pero España firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por lo tanto, tendría que ser consecuente. El comité "espera" que sus decisiones y recomendaciones "se pongan en práctica".

El Procés, y sobre todo la clave de bóveda que fue el referéndum del 1-O, han puesto en evidencia varias carencias del Estado, sobre todo en los ámbitos judicial y policial. La causa judicial contra los presos políticos es un ejemplo de estas carencias, por aspectos como el que ha dejado en evidencia la decisión de la ONU. También lo son la actuación policial durante el octubre del 2017 y las cloacas de dónde salió la llamada policía patriótica. Todo ello son muchas anomalías para un país que hace bandera de su sistema democrático. Muchos deberes pendientes que se podrían resumir en uno solo: los problemas políticos se tendrían que resolver políticamente, no mediante la policía ni los jueces.