Si finalmente hay acuerdo, o preacuerdo ERC-PSC, para investir a Salvador Illa como presidente catalán, deberíamos poder validarlo todos, no sólo los militantes de ERC. Es realmente una decisión de interés general. Por un lado, parece que podría ser un súper "peix al cove" (más competencias y más ingresos) con el añadido de algún cambio estructural en el sistema de financiación. Por otro, si no sale adelante implica unas inciertas nuevas elecciones. ¿Queremos volver a votar o damos por bueno lo que se haya logrado y que esto lo gestione un presidente socialista con un gobierno en minoría?
Este tipo de participación no restringida a los adeptos propios pasa en las primarias abiertas de los partidos en Estados Unidos: te registras en una lista y votas. Puedes no ser afiliado ni votante de ese partido, pero, aun así, tienes la oportunidad de influir en el tipo de candidato de la formación. En este caso sería lo mismo: vista la trascendencia de lo que está en juego, que va mucho más allá del interés de los dos partidos que negocian, la ciudadanía en general tendría, no voz, pero sí voto.
No ocurrirá, claro. En nuestra tradición política, los partidos son maquinarias endogámicas (por cierto, con mecanismos de autocorrección muy débiles, como se ha visto en ERC con los carteles de Maragall: como hace la Iglesia católica, los republicanos, en lugar de reconocer un error estructural, sólo han buscado una oveja descarriada a la que cargar las culpas); los partidos siempre dicen que buscan la apertura a la sociedad, desde hace tiempo ponen en las listas a personas independientes, pero en la práctica siguen siendo organizaciones cerradas y con pocos afiliados. ¿Quién quiere meterse hoy de un partido? El resultado es que unos pocos, sobre los que hay una información opaca –nadie sabe a ciencia cierta cuántos militantes tiene un partido–, hacen funcionar lo que son pilares básicos de la democracia: los partidos. Estos deberían ser por ley mucho más transparentes, abiertos de verdad al escrutinio y la participación ciudadana. Para empezar, las listas de militantes deberían ser públicas. Son entidades privadas, sí, pero desempeñan un rol público relevante.
Parece que ERC tiene algo menos de 10.000 militantes (no sabemos si con el escándalo de las listas ha tenido bajas más allá de Ernest Maragall). Si damos la cifra por buena, serán ellas y ellos quienes decidirán pronto el destino inmediato del gobierno de 8 millones de catalanes. Lo decidirán, claro está, sopesando el interés del partido, del país y el propio (en algunos casos puede estar en juego su sueldo). Todo esto es perfectamente legítimo. ¿Pero qué pasaría si la votación fuera abierta al resto de ciudadanos? ¿O si se realizara una encuesta externa no vinculante? Sin duda, el interés del país iba a pesar más. Y muy probablemente el acuerdo sería validado. Por varias razones.
Primera: existe un amplio consenso que es mejor no volver a votar, tanto por el riesgo de mayor abstención como que se mantenga un resultado de bloqueo. Segunda: a la mayoría, al margen de ideologías, les parecería bien reforzar la Generalitat con más dinero y competencias de proximidad porque les beneficiará como usuarios de servicios públicos. Tercera: a los votantes socialistas, que son mayoría, les parecería bien tener un presidente de sus filas. Cuarta: para los independentistas no partidistas, habiendo constatado que las diversas formaciones no son capaces de ponerse de acuerdo, y que seguramente tampoco sumarían con un nuevo resultado, el acuerdo podría ser visto como un mal menor con ventajas prácticas (lograr ganancias concretas que llevan décadas persiguiéndose y que ni Pujol en sus mejores delirios habría soñado), y poder controlar desde fuera tanto a Illa como a Sánchez. Quinta: el votante de la derecha españolista podría tomárselo como un mal menor que certificaría el fin de los gobiernos independentistas y que le daría un cierto juego para influir en un gobierno en minoría.
Pero esto no pasará, claro. Si finalmente hay preacuerdo, lo validarán los militantes de ERC. Y punto. Quienes tienen cargo en el partido tenderán a aceptarlo y los de base, con el partido en descomposición y el miedo a ser acusados de traidores por Junts y la ANC, tenderán a rechazarlo. Y si antes vuelve Puigdemont y es encarcelado, quizás ya ni siquiera se llega al preacuerdo.
