08/10/2021

Un acuerdo histórico contra la injusticia tributaria

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Amazon ya cuenta con varios centros logísticos en Cataluña, uno de los más grandes en el Prat.

BarcelonaLa conocida empresa de comercio electrónico Amazon no pagó durante 2020 ningún euro de impuesto sobre sociedades en ocho países europeos, entre los cuales España, donde facturó en total más de 44.000 millones de euros. ¿Cómo lo hizo? Pues tributando solo en Luxemburgo, donde está radicada la empresa matriz de las filiales europeas. Esta es una práctica legal pero claramente injusta, puesto que priva a los estados donde se produce una buena parte de la actividad económica de obtener recursos vía impuestos. Y, al contrario, este dinero se concentra en países con tributación baja, como por ejemplo Luxemburgo, que practican este dumping fiscal. Esto es lo que pretende evitar el acuerdo de 136 países que representan el 90% del PIB mundial para aplicar un mínimo de impuesto sobre sociedades del 15% para las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros.

El acuerdo, negociado bajo el paraguas de la OCDE, representa un cambio de paradigma porque reúne a gigantes como los Estados Unidos, China o la India, y también a todos los miembros de la UE, donde había países, como Irlanda, Holanda y Luxemburgo, que aplicaban políticas de impuestos bajos para atraer a empresas. "La tasa mínima global no pretende eliminar la competencia fiscal, sino que pone limitaciones acordadas multilateralmente", afirma la OCDE. El organismo internacional calcula que, cuando se ponga en marcha la tasa, los países cobrarán anualmente unos 150.000 millones de dólares (130.000 millones de euros) adicionales en ingresos procedentes de las grandes corporaciones.

El acuerdo, pues, busca reforzar las finanzas públicas a nivel global y dibujar un marco de competencia fiscal más equitativo. La idea es muy sencilla: se paga donde se genera la actividad y, como mínimo, este impuesto sobre sociedades será del 15%. La llamada elusión fiscal era una práctica habitual, y no ilegal, pero que producía un perjuicio muy grande a aquellos que pretendían imponer una tributación justa a las grandes multinacionales, como le pasa a España. Precisamente la pandemia ha demostrado la necesidad de contar con reservas de recursos públicos, tanto para hacer frente al gasto sanitario directo como para poder compensar la parada de actividad económica. Tanto en la UE como en los Estados Unidos se están poniendo en marcha ambiciosos planes de inversión pública que buscan impulsar la economía pero que necesitan muchos recursos, y no es justo que las grandes multinacionales no contribuyan de manera equitativa a este gran esfuerzo colectivo.

El camino hasta hacer efectivo el acuerdo anunciado este viernes todavía será largo y pesado, pero tiene que ser el primer paso para una reformulación de las reglas de la economía a nivel global. Escándalos como los que revelan los papeles de Pandora, o antes los papeles de Panamá, demuestran que hay una intrincada red de bufetes y paraísos fiscales que tienen como objetivo sustraer recursos al fisco. Y solo pueden acceder aquellos que tienen más, mientras que la gran mayoría de la población paga religiosamente sus impuestos, y pobre del que no lo haga porque le caerá encima todo el peso de la ley.