La cancelación de 17.104 millones de euros de deuda del FLA es uno de los cinco compromisos económicos incluidos en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez entre ERC y el PSOE en noviembre del 2023. Los otros cuatro son: el traspaso de Cercanías, con los recursos necesarios para mejorar esa infraestructura clave; un fondo permanente de 150 millones de euros anuales para proyectos de investigación científica en Cataluña; una dotación de 1.600 millones de euros hasta el 2030 para ampliar el cuerpo de Mossos d'Esquadra y crear nuevos órganos judiciales, y la creación de un consorcio para garantizar la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya.
Pese a los retrasos y cumplimiento parcial, se observan avances en estos acuerdos económicos, que tienen un impacto directo en la ciudadanía y contribuyen a fortalecer el autogobierno de la Generalitat. En relación con el finiquito del FLA, se han planteado diversas reflexiones, a las que me gustaría añadir los siguientes datos y valoraciones:
1. Que la Generalitat deje de ser titular de 17.104 millones de euros de deuda permite mejorar de inmediato sus métricas de solvencia. No es una cuestión menor, puesto que garantizar una buena solvencia financiera –es decir, la capacidad de cumplir con los pagos a proveedores y acreedores– es un objetivo fundamental en la gestión económica de cualquier institución o empresa.
El principal financiador de la Generalitat, aparte del FLA, es el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Aunque no siempre ha sido así, operaciones destacadas firmadas en los últimos años para financiar inversiones en infraestructuras hídricas, vivienda social e investigación han consolidado al BEI como principal acreedor. Una mejora en la solvencia y calidad crediticia permitirá a la Generalitat acceder a condiciones de financiación más ventajosas tanto en precio como en plazos, también con el BEI. Además, la cancelación de la deuda refuerza su posición para volver a los mercados y mejora la calificación del Institut Català de Finances (ICF).
2. El ahorro de intereses por la cancelación se ha estimado en unos 250 millones de euros anuales y en el acumulado unos 1.500 millones de euros de ahorro. Aunque puede parecer una cifra menor en relación al presupuesto de la Generalitat, 250 millones anuales bien gestionados pueden tener un impacto significativo –por ejemplo, representan la mitad del presupuesto de Cultura.
Además, el ahorro en intereses no se limita a esa cantidad. Un menor endeudamiento y mejor solvencia permitirán acceder a condiciones de financiación más ventajosas para los 29.000 millones de euros de deuda no vinculada al FLA.
3. La reducción de ingresos para el Estado, debido a la disminución de los pagos de intereses desde Cataluña y otras comunidades autónomas, deberá ser absorbida por el presupuesto de la administración central. Este presupuesto ha crecido más del doble que el de las comunidades autónomas en la última década, lo que indica que dispone de un margen suficiente para asumir ese ajuste.
Esto significa que el Estado no podrá reducir (y habrá que estar alerta) las transferencias que el modelo de financiación establece para Cataluña y otras comunidades autónomas, ni tampoco afectar a las inversiones, que deberían seguir creciendo a un ritmo al menos similar al de los últimos años si la economía se mantiene estable. En definitiva, esta medida supone mayores recursos para las competencias autonómicas, muchas de ellas vinculadas al estado del bienestar.
4. Se ha debatido mucho qué comunidades autónomas salen más o menos beneficiadas con este finiquito o mutualización de la deuda. Una buena forma de analizarlo es mediante la condonación por habitante (según la población real, no la ajustada), que de media en todo el Estado se sitúa en 1.885 €.
A partir de esta referencia, pueden identificarse los territorios con una liberación de deuda per cápita superior o inferior a la media. Cinco comunidades están por encima: Castilla-La Mancha (2.358 € por habitante), Cataluña (2.228 €), Andalucía (2.223 €), Murcia (2.215 €) y Valencia (2.213 €). En el otro extremo, Madrid es la comunidad con una menor condonación, con 1.303 € por habitante.
En conjunto, esta medida proporcionará cierto alivio presupuestario a la Generalitat, pero representa sólo una pequeña corrección dentro de una gran acumulación de agravios. Ahora bien, es una corrección positiva para Cataluña. ¿O es que preferimos seguir siendo titulares de 17.104 millones de euros de deuda, seguir pagando más de 200 millones anuales al Estado durante décadas, tener peores condiciones de financiación con otros acreedores y poco margen para estructurar nuevas inversiones a futuro?
A partir de aquí, deberían centrarse todos los esfuerzos y presiones en la implementación del acuerdo para una financiación justa y singular. Recordemos que el compromiso es que la ATC asuma, el próximo año, la gestión de la campaña del IRPF. Cada semana hasta finales de año será crucial, siendo estos primeros meses decisivos para diseñar un plan de trabajo adecuado y garantizar el cumplimiento de hitos técnicos y legislativos muy complejos. Concretamente, habría que avanzar en tres direcciones de forma paralela: conceptual, normativa y operativa. Sería ideal poder hacer público un calendario para garantizar un buen seguimiento.
