Ahora toca cambiar la financiación
La amnistía es una realidad. Tras el voto en contra de Junts per Catalunya y de reabrirse las negociaciones, finalmente se logró un texto concertado entre los tres grandes actores en este asunto, PSOE, Junts y Esquerra Republicana. El partido de Carles Puigdemont ha podido introducir aquellos elementos que creía necesarios para restringir al máximo el margen de interpretación de la élite judicial española, sublevada contra la idea de amnistiar a los independentistas y, sobre todo, obsesionada por tumbar a Pedro Sánchez. PSOE y gobierno central han conseguido un articulado que están convencidos de que no será impugnado por el Tribunal Constitucional. A su vez, ERC, que ya había dado por bueno el texto anterior, restó importancia a las mejoras incorporadas a instancias de Puigdemont. Oriol Junqueras, incluso, se ha quejado de lo que, para él, ha supuesto una pérdida de tiempo que, en definitiva, añade, no ha mejorado una ley que ya estaba bien hecha.
Paradójicamente, la amnistía, que antes era percibida por Sánchez como un peaje carísimo y una losa para su recorrido político, se ha convertido, tras el estallido del caso Koldo, en un balón de oxígeno para el gobierno español. Una muestra de que la mayoría de izquierdas y nacionalistas catalanes, vascos y gallegos es capaz de entenderse, incluso en cuestiones tan sensibles y complejas como ésta.
El PP de Alberto Núñez Feijóo, después de utilizarlo todo en contra de la amnistía –los amigos europeos, las manifestaciones callejeras– y de rentabilizar a fondo el rechazo llamativo de los jueces y los medios de comunicación afines, se va lanzar a perseguir, también enloquecidamente, la liebre del caso Koldo, un asunto que amenaza ahora con estallarle en las narices. Esto ha contribuido a situar la ley de amnistía en un segundo plano a ojos de la opinión pública española. Pronto el protagonismo de la lucha contra la amnistía la tomarán los jueces y fiscales, que tratarán de poner todos los bastones en las ruedas que puedan, todos los obstáculos de que su bulliciosa imaginación sea capaz de tramar.
Los populares, al menos los del sector menos derechista y pragmático, deberían ser conscientes, sin embargo, de que superar la pantalla de la amnistía puede resultar una bendición para ellos a medio y largo plazo. Dicho de otro modo: el PP ha hecho grandes aspavientos e incluso le puede convenir seguir alimentando el sacramental en torno a la amnistía, pero una vez haya sido aplicada y se convierta en un hecho consumado, los conservadores españoles tendrán el camino franco para reconstruir su relación con, sobre todo, Junts y PNV. Los de Núñez Feijóo saben, o deberían saber, que esta vía, la de volver a pactar hacia el centro, es mucho mejor –para ellos, para la sociedad española– que petrificar, convirtiendo en indisoluble matrimonio, su relación de pareja con Vox. Deberían ser capaces de proyectar una mirada estratégica de este tipo, y no dejar que el polvo de las batallas diarias, en las que tanta energía y rencor vierten, les desdibuja el horizonte.
Y el independentismo, ¿qué debe hacer después de la amnistía? ¿Cuál debe ser el gran objetivo estratégico del futuro? Es obvio que sólo pueden ser dos: el referendo de autodeterminación y un nuevo modelo de financiación.
El primero es, sencillamente, imposible de obtener, porque Pedro Sánchez ni puede ni quiere. Encaparrarse en las circunstancias presentes sólo tiene un sentido estético, reivindicativo, pero no llevará a ninguna parte. Es perder el tiempo. Lo que sí puede tener recorrido es la exigencia de un nuevo modelo de financiación. No hablemos de mejorar el actual, que está caducado desde el 2014, no. De lo que se trata es de alcanzar un cambio estructural: que Cataluña salga del modelo general de financiación, que disponga de un modelo propio. Esto no quiere decir, atención, dejar de realizar aportaciones netas de financiación al resto del Estado. Significa situarlas en una proporción razonable y homologable con lo que ocurre en otras latitudes. Este objetivo, el cambio de modelo de financiación, debería aparecer como central también en las propuestas que el independentismo político haga a los catalanes con motivo de las elecciones convocadas por el presidente Aragonés para el 12 de mayo.
Y hay una condición necesaria si se quiere llegar a buen puerto: la unidad de acción, la coordinación entre los partidos políticos, que a ese esfuerzo deben saber sumar patronales, sindicatos y entidades de la sociedad civil, como la Cámara de Comercio o el Círculo de Economía. Si de verdad quiere ganarse esta batalla –interrumpida en septiembre de 2012 cuando Mariano Rajoy cerró la puerta al pacto fiscal que le reclamaba Artur Mas– serán necesarios todos los aliados y todas las complicidades posibles.
