El índice estatal de los precios de alquiler está vigente desde este sábado. En esto, Catalunya es ya gato viejo, y acumula experiencia previa, desde la aprobación de la ley de contención de rentas –en septiembre del 2020– hasta su parcial suspensión por el Tribunal Constitucional, dieciocho meses más tarde. Unas leyes, tanto la versión autonómica como la estatal, que impulsan un cambio radical: convertir el mercado libre de la vivienda de alquiler en un mercado regulado en las ciudades en las que hay más demanda, que son muchas.
El intenso debate previo a la ley se ha trasladado ahora a la evaluación de los resultados, para demostrar a ambos lados, defensores y detractores, que tienen razón. La evaluación de políticas públicas es siempre un ejercicio imprescindible, tanto para saber si se han alcanzado los objetivos que se pretendían como para estudiar segundas derivadas. En este sentido, los datos publicados por el Incasòl confirman que los precios bajaron en los municipios calificados de zona tensionada. Por tanto, a priori, el primer objetivo, el de contener los precios, se habría alcanzado durante aquellos dieciocho meses.
Ahora bien, en cuanto a las derivadas, dieciocho meses no es suficiente para acabar de constatarlas en el parque inmobiliario, con unos tempos más lentos en comparación con otros mercados. ¿Qué pasará a la larga con la oferta de pisos de alquiler? Toda lógica apunta a una reducción porque se limita el rendimiento de la actividad y se endurecen sus obligaciones para los propietarios, por lo que puede ganar atractivo la opción de vender el piso, sobre todo para pequeños inversores. Pero antes, claro, los intentos de adaptación. El primero, las correderas para cerrar contratos antes de la entrada en vigencia de la ley. Y, ahora, reclasificar la vivienda de alquiler habitual a temporal, por no hablar del posible incremento de la economía sumergida, donde se pacta un precio sobre el papel y un extra de bajomano.
La solución que pasó de largo era una política progresiva, constante y larga, de vivienda protegida para alcanzar unos porcentajes similares a los de los países europeos, del 15% o 20%. Pero gestionar vivienda oficial es difícil y costosa. Se requieren abundantes recursos tanto para la gestión de los inquilinos como para el mantenimiento de las viviendas; recursos que entrarían en competencia con partidas cruciales como la educación o la sanidad. Pero trasladar al sector privado la responsabilidad de garantizar el derecho a una vivienda digna será problemático.
¿Qué pasaría si se fijara un precio máximo por el litro de oliva? ¿O por el kilo de tomates de mojar pan? La limitación de precios sin límites de tiempo es muy peligrosa. Un precedente reciente fue fijar el precio kilowatio/hora, pero con una vigencia limitada. Otras intervenciones han pasado por la reducción de IVA o la compensación del precio de la gasolina (que cabe decir que tampoco fueron eficientes). Si un mercado se considera sensible, y demasiado provechoso, existen otras formas de hacerlo menos atractivo.
Aunque no sea explícito, existe un trasfondo de consenso en que ésta no es la solución. Pero el problema es grave, la presión social alta, y parece que la conclusión es que mejor una mala respuesta que ninguna respuesta. Hay que proyectar la sensación de que se está actuando, sobre todo en este ciclo electoral perpetuo en el que nos encontramos.
