La presentadora de televisión (que no periodista) Ana Rosa Quintana tildó ayer de “fascista” a Pablo Iglesias porque este la acusó de difundir noticias falsas y ser una portavoz de la extrema derecha. Quintana ha acusado repetidamente a Iglesias de ser, como vicepresidente de Asuntos Sociales, el responsable de las muertes en las residencias de toda España, a pesar de que su gestión está transferida a las comunidades autónomas. En su programa participan personas que han sido condenadas por haber publicado mentiras, como por ejemplo Eduardo Inda, autor de informaciones falsas como la de la cuenta de Xavier Trias en Suiza. El sesgo ideológico de Quintana es evidente, y a menudo las presuntas informaciones que traslada a la audiencia no cumplen la praxis periodística, tal como también se pudo comprobar en relación al Procés.
Blanquear la extrema derecha
Aún así, y a base de una libertad de expresión mal entendida, Quintana se permite el lujo de insultar a uno de los candidatos e involucrarse directamente en la campaña a favor de uno de los dos bandos. Podría pensarse que estamos ante una excepción, pero no es así. El conglomerado mediático-empresarial madrileño (donde el dinero fluye en las dos direcciones y proliferan medios digitales que viven de la extorsión y la agitación política) se juega mucho el 4-M, y ha movilizado todos sus recursos para asegurar el gobierno de Ayuso, aunque sea al precio de blanquear la extrema derecha y polarizar la sociedad. En medio, la profesión periodística tiene un problema gordo de autoregulación cuando se permite que personajes como Quintana o Inda se presenten ante la audiencia como periodistas, desprestigiando así al resto de profesionales del oficio.
