Una chica de 19 años ha sido incapacitada de por vida por acudir a una manifestación el febrero pasado: perdió un ojo en la protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél. El Centre Irídia de Derechos Humanos se querellará contra el agente que disparó el proyectil y contra el mando responsable del equipo. Se habla de mala praxis porque los proyectiles de foam no rebotan y su disparo es de máxima precisión, así que si impactó en un ojo, se tuvo que apuntar a la cabeza, algo antirreglamentario, según Irídia. Cuando recibió el disparo la joven dice que estaba lejos de la manifestación, ya de retirada y muy lejos de los agentes. ¿Cuál es la justificación para este tipo de actuaciones policiales?
Desde la Transición, las balas de goma y las de foam han herido de gravedad por lo menos a 44 personas y han matado a 23 –15 de ellos eran subsaharianos que murieron intentando alcanzar Ceuta en el 2014–. Con el de la joven son por lo menos 12 los ojos que se han mutilado desde el año 2000. Es cierto que los proyectiles de goma son menos precisos y más lesivos que los de foam y por eso ya no se utilizan en Catalunya ni en el País Vasco. Los organismos de derechos humanos piden la extensión de esta prohibición a todo el Estado pero quizás no sea suficiente. Es el momento de abandonar un tipo de armas que son capaces de lesionar permanentemente si se disparan a cualquier parte del cuerpo a menos de diez metros. Al menos cuando los cuerpos policiales son sistemáticamente exonerados de su responsabilidad a la hora de ejercer la fuerza. Se supone que el foam permite seguir el rastro de un balazo hasta el arma que lo disparó y el que la maneja. Pero desde Interior se niegan a confirmar la identidad del policía que mutiló a la joven.
Esta es una práctica sistemática. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta quince veces a España por malos tratos o torturas realizadas por policías o por la falta de investigación de este tipo de casos. Por tanto, no se trata solo de repensar el tipo de armamento sino todo el modelo de seguridad. La CUP se ha sumado a esta petición de los organismos de derechos humanos y lo ha puesto como condición para el apoyo al nuevo Govern, cuyo horizonte sería la propia disolución de la unidad antidisturbios. En cualquier caso, el acento tiene que estar en la rendición de cuentas, que sea posible controlar la acción de los antidisturbios de manera independiente del gobierno de turno o de la propia institución policial.
Vigilar a los que controlan las manifestaciones es un elemento básico para que sea posible el ejercicio del derecho a la protesta. Una protesta que se va haciendo más necesaria a medida que avanza el modelo neoliberal. La solución no puede ser más represión o una represión más brutal, sino más democracia. Que puedan producirse las luchas necesarias para cambiar las condiciones de vida, es decir, menos policía y menos armas y más gasto social y mayor distribución de la riqueza.
Nuria Alabao es periodista y antropóloga
