Queda atrás el ruido grave de las lentas puertas blindadas que se cierran detrás de los presos y las presas, los muros, los cubiertos de plástico, los recuentos, el aislamiento. Y es una buena noticia. Con cara de felicidad o de entierro, debatiendo sobre qué papel adoptar después del indulto, los nueve políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo están en la calle. En Bélgica, Puigdemont, Comín y Puig, y Clara Ponsatí en Escocia, mantienen el pulso jurídico europeo y esperan una sentencia que les permita poner en evidencia la justicia española y allane el camino del regreso. La estrategia de Jaume Asens de impulsar la reforma del delito de sedición avanza y podría acercar la solución para los exiliados, a los cuales hoy en día una parte de la judicatura y de la política españolas querrían ver encarcelados para después lanzar la clave al mar.
Con los políticos independentistas en la calle, no hay condicionantes para no poner abiertamente las cartas encima de la mesa y ver cuál es la realidad en un país que casi cuatro años después de octubre de 2017 no es el mismo. El 52% del Parlament evidencia que el soberanismo es hoy mayoritario; que Jordi Sànchez y Pere Aragonès cerraran un acuerdo de gobierno le da capacidad de acción; pero la fuerza de la calle se ha desaprovechado y es una incógnita si la capacidad de indignación se mantiene en una sociedad que se ha sentido en varios grados abusada, engañada o frustrada por la política.
De momento, la injusticia continúa actuando de aglutinador, como en el caso del abuso de poder del Tribunal de Cuentas, un órgano administrativo arraigado en la venganza política, capaz de continuar arruinando servidores públicos por actos más propios de la libertad de expresión en su función de gobierno que del mal uso de los fondos públicos, como quiere hacer creer.
La salida de prisión no es un acto de cobardía, como se interpreta desde el “como peor, mejor”, sino de justicia y de realismo político. Pedro Sánchez, un superviviente, sabe que su mayoría parlamentaria pasa por los socios independentistas vascos y catalanes. También sabe que primero viene el pronunciamiento del Consejo de Europa y que después llegará el Tribunal de Estrasburgo. Quizás también sabe que la apropiación del nacionalismo español por parte de la derecha más extrema solo puede cambiar con una épica transformadora y un constitucionalismo federalizante de España. Una apuesta no concretada con la que confía desactivar una parte del independentismo catalán.
La Inquisición
La decisión de los indultos es una forma de hacer de la necesidad una virtud y ha excitado a la Santa Inquisición española, que ha iniciado una cacería de desafectas que asedia a obispos, empresarios y a cualquier persona dispuesta a escuchar las razones de los demás, a modular la opinión de los dogmáticos.
Al frente de los Savonarola, José María Aznar, el hombre de la Guerra de Irak, que señala traidores con su amargura habitual hablando de días “para apuntar y no olvidar” y que insiste en el intento de deslegitimar el gobierno socialista diciendo que “el PSOE ha llegado al gobierno, al menos dos veces, en circunstancias muy especiales: una en 2004, como consecuencia de unos ataques terroristas utilizados para afectar la credibilidad del gobierno; la otra con una moción de censura con apoyo de separatistas y exterroristas”. También dentro de la Conferencia Episcopal se señala a Omella y el apoyo a los indultos cuando el arzobispo de Oviedo Sanz Montes recuerda que “la unidad de nuestro pueblo es un bien moral”.
Evidentemente, al corazón de beatas se suma Cayetana Álvarez de Toledo, que habla de “apaciguamiento” e “involución identitaria en que convergen Sánchez y el separatismo”. La mujer que fracasó en Catalunya exige imponer “el constitucionalismo” aunque sea “por compasión cristiana, para que el jefe de la CEOE deje de lloriquear, y los obispos, de fomentar el ateísmo y destruir devociones”.
Con el PP en la montaña, ¿cómo se puede reformar la Constitución como reclamaría la negociación con Catalunya?
Bloqueados
Pere Aragonès y Pedro Sánchez se encontrarán martes en este contexto. Tienen dos años para ver cuánto da de sí la transformación de España y qué grado de paciencia y de movilización tiene el independentismo, que no gana para imponerse pero tampoco parece que tenga que retroceder.
Los verdaderos obstáculos se verán ahora cuando en la mesa de negociación se constate cómo están de alejadas las posiciones y cómo son de irreconciliables, hoy. La mayoría soberanista catalana no ha llegado hasta aquí para conseguir ni un nuevo sistema de financiación mediocre ni una reforma de la Constitución que sea asumible para un PP que vive del anticatalanismo. Los obstáculos son enormes y la única ventaja es que ahora ya no se puede bombardear Barcelona cada cuarenta años.
