La asfixia de las pymes
Según un reciente informe de Cepyme, las pymes españolas han visto cómo sus costes operativos se han disparado un 26% desde 2019, especialmente en microempresas, debido a los materiales (+35%), servicios (+7%) y costes laborales (+25,7% en pequeñas y microempresas, +19,8% en medias). Esta realidad ha frenado la creación de empleo: en el primer trimestre de 2025 las pymes solo crecieron un 1,9%, el menor dato en cuatro años.
Las pymes, junto con los autónomos, constituyen más del 98% del tejido empresarial español y generan en torno al 62% del empleo en el sector privado. En su conjunto, representan cerca de la mitad del PIB. Esta realidad numérica revela que la salud de la microempresa es la salud de nuestra economía: si fallan los autónomos y las pymes, toda la estructura productiva se resiente.
El informe de Cepyme alerta del peso de las cargas laborales y de las obligaciones que se generan cuando se decide hacer un nuevo contrato de trabajo. Los compromisos que se adquieren son, precisamente por su dimensión, inalcanzables. Una de las mayores cargas se produce cuando un trabajador está de baja. En una estructura de solo cuatro personas, una o dos bajas prolongadas pueden ahogar a la empresa.
Recuerdo el caso de una pyme de cuatro trabajadores donde dos personas de baja obligan a las dos restantes a asumir el trabajo y la facturación de los cuatro. Ni siquiera pueden plantearse contratar a otras dos personas, porque hay que seguir pagando buena parte del sueldo de quienes están de baja. Esto genera un cuello de botella organizativo que es casi imposible de sostener, lo que agrava el riesgo de cierre.
A principios de año supimos que las grandes empresas tributaron en torno al 7% efectivo en el impuesto de sociedades. El tipo nominal general para las pymes se sitúa entre el 21% y el 24%. Este dato no puede dejar indiferente a nadie. Lo mismo con la tesorería. La pyme debe avanzar impuestos de facturas no cobradas y no tiene capacidad para financiarlas, como sí ocurre con la gran empresa.
Los plazos legales para cobrar son papel mojado, y la pyme debe tragarse, cuando trabaja para otras empresas mayores, plazos de cobro de hasta cuatro o cinco meses. En resumen, la base de nuestra economía –las pymes y los autónomos– va al límite. Es esencial que las políticas públicas sean sensibles a esta realidad y se libere a la pequeña empresa de tanta carga laboral y asfixia tributaria y financiera. No podemos exigirle más al motor de nuestra economía.
