Un buen acuerdo por el catalán en la escuela
Horas después de haberlo firmado y presentado en el Parlament, JxCat, pese a mantenerse dentro del acuerdo unitario firmado con ERC, el PSC y los comuns para evitar las cuotas del catalán en la escuela, pidió ayer por la noche rehacerlo. El movimiento de Junts, fruto de tensiones internas y de las dudas expresadas por alguna entidad lingüística, resulta difícilmente comprensible y debilita una buena apuesta conjunta. El cambio propuesto en la ley de política lingüística se ha cocinado con discreción durante meses para desactivar las cuotas lingüísticas en la educación que, al margen de toda lógica pedagógica, pretende imponer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El acuerdo persigue un triple objetivo: asegurar la preeminencia del catalán, rebajar la tensión social y la presión sobre la escuela y normalizar la convivencia con el castellano.
Políticamente, el hecho de que este pacto incluya las dos principales fuerzas independentistas (ERC y JxCat; la CUP ha querido quedarse al margen), más el PSC y los comuns –en conjunto, 106 parlamentarios de los 135 que tiene la cámara catalana– le da solidez en la línea de los grandes consensos históricos que han avalado desde el inicio del autogobierno la discriminación positiva del catalán como lengua propia necesitada de especial protección. Es de esperar que la voluntad de hacer cambios no haga que JxCat se acabe descolgando y que lleve a otras fuerzas a renunciar.
El acuerdo introduce el castellano como idioma de enseñanza, pero reserva el carácter de "lengua normalmente utilizada como lengua vehicular" para el catalán. Este es el modelo vigente desde hace cuarenta años cuando, gracias especialmente a Marta Mata (PSC), el país optó por una escuela común, no por dos líneas de escuela separadas por la lengua. Ese acierto hizo posible la incorporación de muchos hijos de castellanohablantes al catalán, lo que hoy sigue siendo imprescindible y que se pondría en peligro con la sentencia del TSJC que obliga a impartir un 25% de las horas en castellano. Un porcentaje, por otra parte, que en muchos centros hoy mismo ya es superior, lo que demuestra dos cosas: la absurdidad de quienes blanden la supuesta marginación del castellano en la educación y la amenaza real de retroceso del catalán. Además, existe el hecho de que la evolución pedagógica, que como la propia UNESCO recomienda cada vez debe basarse más en ámbitos y competencias (trabajo por proyectos) y menos en asignaturas y materias, hace que sea muy difícil asignar porcentajes de lengua en un sistema cada vez más flexible y dinámico. Por eso, y por la voluntad de seguir privilegiando el catalán sin descuidar el conocimiento del castellano, la conselleria de Educación, en la línea del acuerdo del Parlament, ya ha dicho que no tiene intención de aplicar las cuotas lingüísticas del TSJC y que explorará un cambio normativo de la ley de educación en la misma línea que ahora ha presentado para la ley de política lingüística.
Esta apuesta unitaria, aunque debilitada por JxCat con su giro de última hora, es una respuesta razonable al poder judicial con una reafirmación de la convivencia de lenguas como pilar de cohesión social. Una apuesta que preserva la preeminencia del catalán, sin cuotas, y confiando en los profesionales de la educación, es decir, en los maestros, para adoptar a cada centro un proyecto lingüístico que garantice que todos los chicos y chicas sigan saliendo de la etapa de educación obligatoria, como ha ocurrido durante cuatro décadas, con un correcto conocimiento de las dos lenguas oficiales.
