El semanario The Economist, con un prestigio de rigor y liberalismo ganados a pulso, sobresale también –como The New Yorker o Libération– en sus portadas. Hace unos años le dedicó una al primer ministro Tony Blair, que justo acababa de llegar a Downing Street, preguntándose: "¿Es carnívoro, Bambi?”. Con los años y la guerra de Irak, el laborista británico no solo demostró que era carnívoro sino también antropófago.
Hoy España se pregunta si otro primer ministro de ojos azules y porte amable también nos ha salido depredador. La respuesta no está clara. Pero la verdad puede ser innecesaria cuando la manada se pone en marcha, y el caso es que, para buena parte de los medios de Madrid, hoy la verificación de los hechos es totalmente prescindible.
En el estadio actual del caso, las conclusiones no serían tan devastadoras políticamente si no hubiera unas joyas aparatosas valoradas en más de un millón de euros que permiten un juicio público rápido. Consciente del efecto de los collares en el ánimo de la opinión pública, el expresidente del gobierno ha intentado separar su presunto tráfico de influencias en la operación Plus Ultra de lo que sería un regalo de una monarquía del Golfo a su mujer. Su defensa se basa en hablar de un regalo hecho a España –por tanto, no habría contrabando– y con obligaciones tributarias ya prescritas. Pero nadie le ahorrará, incluso si su versión se puede probar, la sanción social de quedárselas y dejarlas en una caja fuerte sin declararlas o entregarlas al patrimonio del Estado.
En el fondo del caso hay dos temas que hay que regular y aplicar de manera clara: la línea borrosa entre hacer de lobista a favor de intereses empresariales y el tráfico de influencias. Una línea que traspasan permanentemente exministros, exdiputados y expresidentes. El otro tema es si se cumple el código que impide aceptar regalos que sean algo más que simbólicos. Y no sirve decir que “en 2007 no había una legalidad que hoy sí existe”, como hizo Pedro Sánchez para justificar los regalos. El presidente del gobierno español debería recordar que el rey emérito fue castigado por la opinión pública por ser el gran exponente de una manera de funcionar dentro del magma de un ejercicio del poder hecho de corrupción mezclado con diplomacia, intereses privados y regalos de las monarquías sátrapas del Golfo. De confusión absoluta de lo que es público y de lo que es privado.
La andanada judicial contra el PSOE ha encontrado suficiente agua en la piscina para investigar la corrupción y hoy el panorama acelerado es el del final de una etapa antes de agotar la legislatura en septiembre de 2027. Sánchez está en modo electoral y será él quien decida cuándo convoca las elecciones, pero, de momento sabe que en ningún lugar estará más protegido que en la Moncloa.
En palabras del presidente, las elecciones generales serán en 2027, sin coincidir con las municipales y autonómicas, y el proyecto de presupuestos se habrá presentado este año 2026. El PNB le marcó el camino, y parece que será la aprobación o no de los presupuestos lo que precipitará la convocatoria electoral. Los presupuestos pueden actuar de programa electoral porque determinarán las prioridades del gasto público, es decir, las prioridades políticas. Por lo tanto, el calendario dice que las elecciones se podrían celebrar el primer trimestre del año que viene, justo después del previsible fracaso de la aprobación presupuestaria. Sánchez también tiene otra opción: convocarlas después de las municipales y autonómicas de mayo y aprovechar el jaleo de los pactos entre el PP y Vox para movilizar a la izquierda y su feudo de Cataluña.
Los próximos meses pueden traer novedades y el panorama aún puede cambiar radicalmente si se cumple con la amnistía. En cualquier caso, estamos en campaña electoral y Madrid es una olla a presión, donde todo el que puede, hace.
