Ahora que ha pasado el Once de Septiembre y hemos vuelto a hablar de país, convivencia y un solo pueblo, conviene un ejercicio menos solemne y más incómodo. Imaginemos, por un momento, otra Cataluña. No un país ideal, sino un país que hubiera entendido que cada llegada obligaba a actualizar el pacto social. La inmigración no era una emergencia pasajera: interpelaba a la escuela, la vivienda, el trabajo, la lengua, los derechos y la idea misma de ciudadanía.Imaginemos que los gobiernos hubieran entendido que acoger no es solo empadronar, tramitar papeles o celebrar ritualmente la diversidad. Acoger es garantizar que quien llega pueda vivir dignamente, participar en igualdad y definir el país compartido. Había que abandonar la lógica vertical —unos reciben y los otros deben demostrar gratitud— y construir una incorporación horizontal. Las personas inmigradas no habrían sido tratadas solo como fuerza de trabajo o diferencia cultural, sino como sujetos políticos.Imaginemos que se hubiera combatido de manera efectiva la segregación escolar, también en su dimensión racial. No tendríamos centros que concentran toda la complejidad mientras otros se mantienen al margen. Los niños habrían compartido aula, patio y expectativas; habrían crecido como iguales, no aprendiendo que hay escuelas para los de aquí y para los de fuera. Quizás hoy sería más difícil convencerlos de que sus vecinos son una amenaza.Imaginemos que la vivienda se hubiera considerado una política migratoria central. Que se hubiera ampliado el parque público y combatido la discriminación. Evitar la concentración no habría significado dispersar a personas, sino distribuir vivienda asequible, servicios y oportunidades por todo el territorio. El problema no es que las personas inmigradas vivan juntas, sino que solo puedan vivir allí donde la desigualdad las confina.Imaginemos que no se hubiera normalizado que una parte de la población quedara atrapada en los trabajos más precarios. Se habrían reconocido titulaciones y perseguido la explotación. El trabajo habría sido una vía de autonomía y reconocimiento, no un mecanismo permanente de subordinación.Imaginemos una laicidad democrática que garantizara, con los mismos criterios, la libertad de creer, no creer y expresar las convicciones. Una laicidad capaz de distinguir la crítica a una doctrina de la sospecha sobre las personas musulmanas. El problema no es debatir el islam, sino exigirle que demuestre su compatibilidad con la democracia y la pertenencia al país.
Imaginemos que los niños y adolescentes inmigrantes hubieran sido tratados, antes que nada, como niños y adolescentes. No como una amenaza ni como un acrónimo deshumanizador. Habrían recibido protección y una transición digna a la vida adulta. La administración no los habría dejado a la intemperie después de haber asumido su tutela.Imaginemos también una política lingüística valiente, fuera de la escuela. El Gobierno habría corresponsabilizado a las empresas para que ofrecieran formación en catalán en horario laboral, haciéndola una lengua real de relación y promoción. Aprender catalán habría sido un derecho efectivo, no una prueba de lealtad ni una carga individual después de jornadas precarias. Defender la lengua y garantizar derechos habrían sido una misma política de cohesión.Imaginemos, entre muchas otras cosas, que Cataluña hubiera reconocido el racismo como un problema estructural e institucional, no como una suma de insultos o delitos de odio. Esto habría obligado a revisar las prácticas aparentemente neutras que distribuyen desigualmente derechos, seguridad y oportunidades. Y habría exigido garantizar la presencia de las personas inmigradas y sus descendientes en los espacios de decisión, reconociéndolas no como personas que solo se tienen que adaptar, sino como sujetos con derecho a transformar la sociedad de la que ya forman parte.Esta Cataluña no existe. Ha habido avances, pero no una política sostenida y transversal. Ha habido políticas fragmentarias de acogida y, sobre todo, una preocupación por la cultura: qué comen, qué visten, qué religión tienen, qué lengua hablan. Hemos culturalizado la inmigración para evitar la pregunta decisiva: ¿qué derechos, qué condiciones materiales y qué poder estábamos dispuestos a compartir?Todo esto no habría hecho desaparecer a la extrema derecha. Vox y Aliança Catalana tienen responsabilidades propias. Pero su fuerza no nace de la nada: crece sobre segregaciones, desigualdades y abandonos que las instituciones han motivado o tolerado. Allí donde la política no garantiza igualdad ni explica los conflictos sociales, la extrema derecha señala a culpables. No siempre inventa los marcos racistas; a menudo los encuentra preparados.Si se hubieran hecho los deberes cuando tocaba, quizás Vox y Aliança Catalana existirían igualmente, pero no encontrarían un terreno tan abonado. Todavía estamos a tiempo, si dejamos de competir con su lenguaje y actuamos sobre las condiciones que lo hacen posible: derechos, igualdad, redistribución, catalán compartido, participación política y antirracismo institucional. Después de tanta proclama sobre el país que queremos ser, la pregunta es si esta vez haremos lo que toca.
