22/12/2021

Chanchullos con la financiación

3 min
La ministra de Hacienda , María Jesús Montero, en una imagen de archivo

Parece que el ministerio de Hacienda quiera tomarse en serio la reforma de la financiación autonómica. Después de estudios y negociaciones bilaterales con comunidades autónomas ha hecho pública su propuesta de reforma. Consiste en retocar el concepto de población ajustada, un indicador de necesidades de gasto. Hay que pararse un momento y recuperar el sentido de las palabras: ¿población ajustada? ¿De qué hablamos? ¿Que no se distribuye el gasto público autonómico en función de la población? ¿No es este el criterio constitucional que el gobierno central y el Tribunal Constitucional defienden escrupulosamente ante la pretensión catalana de tener en cuenta la aportación fiscal, o sea el PIB? Pues no. En un asunto básico y crucial para el bienestar de la ciudadanía como es la distribución del gasto público autonómico, la población se tiene que ajustar. Los ajustes buscan pervertir el concepto simple y claro de población descomponiendo y evaluando sus supuestas necesidades de gasto, como si todos los ciudadanos no fueran iguales. La descomposición tiene una estructura similar a la del gasto social de un gobierno autonómico (salud, enseñanza, servicios sociales, otros servicios, y unas “variables correctivas”) y busca encontrar fórmulas arbitrarias para dar más a quienes el gobierno quiera dar más, con la excusa de compensar unos costes de provisión de los servicios diferentes. La distribución por población sería mucho más legítima. Si hay que introducir alguna corrección en un modelo de distribución territorializada del dinero público, ya hay una de inventada y validada por todas las instituciones económicas del mundo: la paridad de poder adquisitivo (PPA), que tiene en cuenta los diferenciales de precios.

No importa si un territorio es montañoso o llano, o si la población está dispersa o concentrada, o si es joven o vieja, o si la población está cubierta por Muface o no, o muchas disquisiciones más. En todas partes las diferencias de costes se detectan, de forma bastante transparente, con las diferencias de precios. Una comunidad puede tener las características físicas y demográficas que sean. Lo que importa, a la hora de distribuir recursos, es el coste de la vida. Las comunidades más prósperas en el estado español suelen ser las que tienen precios más altos. Esto quiere decir que para comparar los ingresos de la gente que trabaja o que cobra jubilaciones se tienen que ajustar sus ingresos a los precios que tienen que pagar para vivir. Este ajuste ha sido incorporado a todas las comparaciones internacionales de PIB per cápita y se denomina paridad de poder adquisitivo. Los PIB per cápita que nos interesan son a paridad de poder adquisitivo. Pues resulta que en el estado español el concepto se ha vuelto tan revolucionario que se ha prohibido el cálculo oficial. Podría –dicen— tensionar las relaciones entre comunidades. O sea, justificar las quejas catalanas. Como si la población ajustada no las tensionara, cuando es de definición completamente discrecional. Eso sí, es un juego de manos que quiere parecer razonable, a pesar de que no lo es. Ajusta al alza la financiación de las comunidades con precios más bajos. Tendría que ser a la inversa: ajustar al alza la financiación de las comunidades con precios más altos.

Los resultados de la última manipulación de la población ajustada, hechos públicos hace unos días por un estudio de Fedea, refuerzan las ganancias de algunas comunidades que ya eran claramente beneficiarias del ajuste de la población, concretamente Aragón y Extremadura, y empeora el maltrato de otros como el País Valenciano. Los otros perjudicados son Madrid, Catalunya, Andalucía, las Canarias y Galicia, mientras que los otros beneficiados, y en proporciones nada despreciables, son (en orden decreciente) la Rioja, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León y las Islas Baleares. Es muy doloroso que la mini reforma vaya en la dirección de empeorar el sistema de financiación autonómica. Parece muy bien que hayan retocado aquello que les conviene para mejorar su competitividad electoral allá donde tienen miedo de perder escaños y para dejar caer aquellas comunidades donde no esperan ganar nada, o que ya dan por perdidas. O que ninguneen las comunidades más pobladas, infrarrepresentadas en el Congreso, y apoyen a las menos pobladas, sobrerrepresentadas. 

El bienestar de las personas depende mucho la provisión de servicios públicos, y esta provisión depende directamente de los recursos públicos que se les dedican. Estos recursos tienen más o menos eficacia en función de las PPA. Lo que cuenta es la población, y el ajuste que se tiene que hacer es de PPA. No ajustes arbitrarios de la población, que se inventan para subvertir aquello que denominan “la igualdad de los ciudadanos”.

Albert Carrereas es Director de ESCI – Universitat Pompeu Fabra
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