El empeño con el que Feijóo y el PP se han lanzado sobre el caso Ábalos es algo más que lo envuelve que hace fuerte. Cuando el líder de la derecha aún no había hecho el luto por su fracaso en las elecciones generales, el presidente Sánchez descolocó al personal con la propuesta de una ley de amnistía para los encausados del proceso independentista. Feijóo, a quien el resentimiento le impide ver otra cosa que el malvado Sánchez, y que va de cabeza a su espalda, hizo de la amnistía la gran traición del presidente a los españoles, apelando a la retórica patriótica que, tal como están las cosas, envalentona a Vox y tiene menos atractivo de lo que parecía para el voto moderado. La amnistía ha hecho camino sin alterar a las masas. Y cada día que pasa se hace más manifiesto que la opinión pública la tenía bastante asumida, y que el efecto pacificador en el que confiaba el presidente Sánchez tenía fundamento. Más aún coincidiendo en un momento en el que los propios partidos independentistas ya han elaborado psicológicamente la crisis del 2017 y han bajado el listón de exigencias al mismo ritmo con el que han reabierto la economía de las pequeñas (o grandes) diferencias entre ellos. Los esfuerzos de Feijóo por disparar contra la amnistía ya sólo eran fuego de virutas.
En este escenario, de repente se han producido dos hechos relevantes. Soy muy descreído respecto de las teorías conspirativas (que, por lo general, son relatos que sólo expresan la impotencia de quienes las abonan) y prefiero, por tanto, creer en el factor coincidencia, que no forzosamente debe ser pura casualidad. El hecho es que el caso Ábalos –que está desvelando indicios inquietantes para Sánchez y su partido (y quién sabe si más allá y todo)– ha iluminado a Feijóo y le ha hecho creer que la corrupción podía ser una carta más efectiva en su combate que la amnistía.
Pero, ay, justo cuando estallaba esta nueva tempestad, el Tribunal Supremo ha hecho suyas las fantasías del juez García-Castellón y apunta indicios de terrorismo en Puigdemont, presunto mando oculto de Tsunami, justo cuando parecía que la amnistía estaba a punto de pasar la aprobación del Congreso de los Diputados. ¿Caerá Juntos en la trampa?
El tercer poder del Estado entra en escena con un gesto a la vez corporativo y político. Defensa de un juez con imagen de extravagante e irrupción amenazante para el independentismo cuando se abrían vías de conciliación. Con un efecto inquietante: una banalización del terrorismo que apunta directamente a una limitación del derecho de manifestación. ¿Puro gesto corporativo o voluntad de frenar los intentos de pacificación?
