Las consecuencias sociales del covid-19

La pandemia ha sacudido todas las sociedades y países del mundo, y parece claro que sus secuelas pueden ser profundas y persistentes. En nombre del bien común hemos decretado obligaciones como llevar mascarilla y medidas restrictivas de movimiento y reunión que afectan a derechos fundamentales, hasta llegar al confinamiento domiciliario aplicado de forma generalizada en los momentos más críticos de la primera oleada. La ley orgánica, es decir, que afecta a derechos fundamentales, más breve en nuestro ordenamiento jurídico es la referida a las medidas especiales en materia de salud pública (1986): no llega ni a una página. Se prefirió, sin embargo, recurrir a otra ley orgánica anterior (1981), la que regula los estados de alarma, excepción y asedio, para dar cobertura a las restricciones más severas.

El conflicto ético entre el respeto a la libertad individual y el logro del bien común, la protección de la salud de la población en este caso, se acentúa en momentos de crisis como los actuales. Mucha gente se ha quedado sin trabajo y los agravios de numerosos colectivos son patentes; no se acaban de entender, o de aceptar, muchas de las decisiones y crece la desconfianza. Para los que tomamos las decisiones, la tarea es extremadamente compleja, llena de incertidumbres; se sopesan pros y contras, a menudo mediante prueba y error, y se trata de no empeorar más la delicada situación epidemiológica, económica y social. Se ha discutido veces sobre el dilema entre salud y economía, a pesar de que sabemos que las dos son condicionantes del bienestar individual y social.

Las consecuencias sociales se agravan por el hecho de convivir con la incertidumbre del presente y la imprevisibilidad del futuro. El ascensor social hace tiempo que no funciona o, si lo hace, va hacia abajo. Hay una creciente polarización social y política que las redes sociales potencian. De esta pandemia puede acabar surgiendo una sociedad llena de conflictos, atemorizada, miedosa, desconfiada, en la que las desigualdades existentes se acentúen todavía más. Esto, lecciones de la historia, constituye un campo adobado para soluciones políticas populistas, en el sentido más demagógico del término, de los que prometen soluciones simples y fáciles; de los que aseguran una sociedad sin riesgos de ningún tipo, de firmeza y certeza. Conviene, sin embargo, recordar las experiencias del siglo pasado con el auge de los partidos extremistas y fascistas. Sin ir más lejos, los partidos de extrema derecha están presentes actualmente en buena parte de los Parlamentos europeos y las encuestas pronostican que la extrema derecha fascista española entrará en el próximo Parlamento catalán. Por otro lado, tenemos que estar muy atentos para evitar que los gobiernos aprovechen, una vez acabada esta crisis sanitaria, para impulsar una política desproporcionada de vigilancia y control de la ciudadanía. Se ha argumentado que buena parte del mejor control de la pandemia en algunos países asiáticos es debido de al grado de supervisión y vigilancia que las tecnologías digitales posibilitan. Seguridad y libertad siempre han estado en un frágil equilibrio, pero como decía Benjamin Franklin, aquel que sacrifica la libertad por la seguridad no merece ni una cosa ni la otra. 

El Comitè de Bioètica de Catalunya, en su informe sobre toma de decisiones en tiempo de pandemia, nos recuerda que es responsabilidad de todo el mundo, especialmente de los políticos, afrontar estos retos. La libertad siempre conlleva riesgos y, en una sociedad democrática, un estado del bienestar fuerte es la mejor manera de protegernos de estos riesgos.

Josep Maria Argimon es director del Institut Català de la Salut y secretario de Salud Pública