Crisis de autoridad
Husiéndose quizá lo que podía ocurrir después de las europeas (cuando, tras unos malos resultados de su partido, Macron convocó las legislativas), la revista parisina Le Point publicó el trimestre anterior un número titulado La autoridad. Es una recopilación de textos de pensadores occidentales de todas las épocas, de Platón y Aristóteles hasta Hannah Arendt o Hans-Georg Gadamer, sobre la noción de autoridad. La idea, evidentemente, es que esa noción se encuentra en crisis en nuestros días turbulentos. "Ciertos diputados no dudan en poner en cuestión la integridad del Consejo Constitucional, la jurisdicción encargada de verificar la conformidad de las leyes con la Constitución, porque sus juicios no coinciden con sus deseos", lamenta la redactora jefe, Laurence Moreau, como ejemplo más jerárquicamente concluyente de un desbarajuste generalizado en el que nadie escucha a nadie, salvo quien confirme los propios prejuicios.
En España, no sólo “ciertos diputados” ponen en cuestión la validez de la justicia cuando no les gusta lo que dice, sino que también ciertos jueces y ciertos fiscales no dudan en utilizar el poder judicial con fines descaradamente políticos. Este mismo lunes hemos podido escuchar, publicados por Canal Red y Diario Red, los audios del juez Aguirre, fanfarroneando con lenguaje tabernario de haber reventado la ley de amnistía (mientras acusa a los independentistas catalanes de traición a la patria española, en una ensalada rusa en la que caben desde Carles Puigdemont hasta Carles Porta). Más grave, la semana también ha comenzado con el portazo del Tribunal Supremo en la misma ley de amnistía: se mantienen las órdenes de detención contra los exiliados y se declina extinguir las responsabilidades penales de los presos políticos, al tiempo que promueve una cuestión de inconstitucionalidad contra la posibilidad de aplicar la ley de amnistía al delito de desobediencia. Lo hacen con lenguaje chulesco: "El gobierno tan sólo ha tenido mayoría para aprobar una ley, y por lo que se ve, ni siquiera la saben hacer", ha dicho Feijóo. En todos los casos, como verbaliza armoniosamente el juez Aguirre, se trata de conseguir derribar al gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de los golpes de estado soft que perpetra el poder judicial en España, desde la sentencia del Estatut hacia aquí. No son golpes de estado con uniformes y armas, sino con togas, resoluciones y sentencias.
El panorama se completa con la impresionante noticia, publicada por el ARA, de la estructura paralela de poder dentro de ERC, “la B”, dedicada a acciones de propaganda sucia, como los carteles que insultaban a los hermanos Pasqual y Ernest Maragall a cuenta del alzhéimer del primero. Hay que aplaudir el trabajo de Cesc Maideu, Aleix Moldes y Núria Orriols Guiu, tanto como hay que deplorar la putrefacción en las filas de ERC que ha permitido que esto llegara donde ha llegado. Y preguntarse por el rol social de los partidos políticos, y por las múltiples derivadas, todas ellas graves, de una noticia como esta. Cuando nos preguntamos por las causas que explican el auge de la extrema derecha, mira.
