El martes, 28 de abril, nos jugamos mucho como sociedad. Ese día, el Congreso decidirá si se aprueba la prórroga de los contratos de alquiler, una medida que puede evitar que cerca de 475.000 personas inquilinas en Cataluña, y más de 3 millones en todo el Estado, con contratos que vencen próximamente, se vean obligadas a dejar su vivienda en los próximos meses.
Si la prórroga se aprueba, podrán continuar en su casa durante dos años más, con una actualización de la renta del 2%. Puede parecer una medida pequeña ante un problema gigante, pero es una decisión fundamental: ofrece tiempo, estabilidad, margen para sostener la vida cotidiana. Significa poder continuar en el mismo barrio, mantener a los hijos e hijas en la misma escuela, no romper de golpe con todo aquello que da sentido a un hogar.
Porque lo que está en juego no son solo contratos. Es algo mucho más profundo. Cuando hablamos de vivienda, hablamos de vidas y del modelo de sociedad que construimos. La vivienda es la puerta de entrada a derechos básicos como la salud, la seguridad, la intimidad o la cohesión social. Cuando este acceso deviene inestable, no solo cambia una dirección: se resiente el conjunto del bienestar.
Los llamados “desahucios invisibles” explican bien esta realidad. No hacen ruido. No hay orden judicial ni desalojo con presencia policial. Pero están ahí. Son familias que se ven obligadas a marcharse porque directamente no les renuevan el contrato, o no pueden asumir una subida del alquiler. Sin titulares, sin foco, pero con consecuencias profundas. Para muchas de ellas, compartir vivienda dejará de ser una elección para ser la única salida, incluso entre personas adultas con trabajo.
Solo en el último año, más del 29% de la población inquilina en Cataluña se tuvo que mudar por motivos económicos. En España, una de cada tres personas ha vivido una situación similar, con un impacto especialmente duro en jóvenes y población migrante.
Y lo que puede venir es aún más preocupante. Si no se aprueba la prórroga, cerca de un millón de hogares podrían verse obligadas a trasladarse a corto plazo. No es una amenaza lejana: es la continuación, a mayor escala, de lo que ya está pasando.
Nada de todo esto es casual. La vivienda, y en particular el alquiler, se ha convertido en uno de los principales motores de desigualdad. Entre abril de 2021 y marzo de 2026, el precio del alquiler en Cataluña ha aumentado un 36%, mientras que los ingresos de los hogares solo lo han hecho un 28%. En el conjunto del Estado, la brecha es aún mayor: un 52% frente al 23%. El mercado avanza más deprisa que la vida de las personas.
Esta diferencia se traduce en decisiones que desgastan y condicionan el día a día. Un piso que costaba 800 euros en 2021 puede situarse hoy alrededor de los 1.200. No es solo una cifra: es tener que alejarse del trabajo, reducir el espacio, compartir cuando no se quiere o no se puede, cambiar de barrio, de escuela, de rutinas. Es el sobreesfuerzo constante para sostener algo tan básico como un hogar, hasta que deja de ser un lugar seguro y pasa a ser una fuente permanente de incerteza. El mercado de la vivienda expulsa a miles de personas y fragmenta la ciudad, y separa cada vez más a quién puede quedarse y a quién tiene que marcharse.
En este contexto, la prórroga de los contratos de alquiler no es la solución definitiva. Pero sí que es un freno indispensable. Permite contener el impacto inmediato, evitar una expulsión masiva y ganar tiempo para desplegar medidas de fondo.
Hay señales que apuntan en esta dirección. El reciente Plan Estatal de Vivienda abre una oportunidad real para avanzar hacia un acceso más justo y digno. Incorpora medidas necesarias y apunta hacia un cambio de rumbo, aunque todavía tiene margen de mejora.
La crisis de la vivienda no se resolverá solo construyendo más. Hay que actuar también sobre las dinámicas del mercado: frenar la especulación, evitar la acumulación excesiva y avanzar hacia una fiscalidad más justa que garantice el acceso a la vivienda como un derecho, no como un privilegio.
Su impacto dependerá de un factor fundamental: la voluntad real de aplicarlo. En Cataluña, la coordinación entre la administración central, la Generalitat y los ayuntamientos será clave para su implementación.
Mientras las soluciones estructurales tienen que avanzar, hay decisiones que no admiten demora. La prórroga de los alquileres es una de ellas, y hoy es imprescindible. Detrás de cada contrato que vence hay hogares que necesitan estabilidad para poder continuar adelante con sus vidas. Garantizar el acceso a una vivienda digna no es una opción, sino una responsabilidad que define qué tipo de sociedad queremos ser: una que protege o una que excluye y se desentiende de la angustia que viven miles de hogares.
