Ya lo recordó, hace mucho tiempo, Josep Piqué cuando era íntimo de Aznar y se hablaba de un nuevo Estatut: "No hay ninguna posibilidad de reformar la Constitución". Si se reformase, añadía, sería en sentido contrario de lo que querría Catalunya. El presidente Aznar trabajó incansable y eficazmente desde que tuvo la mayoría absoluta en el 2000 para ir reinterpretando la Constitución en sentido preconstitucional. Lo hizo desde el control de los órganos superiores de arbitraje como el Tribunal Constitucional, luchando miembro a miembro para desactivar a los desafectos a su agenda. También lo hizo trinchando parlamentariamente todo el espíritu constitucional en lo referente a la dominación de la nación hegemónica –considerada implícitamente única– y reforzando el poder discrecional del gobierno y su mayoría absoluta, para centralizar y uniformar. Las resistencias del PSOE fueron débiles en cuanto a muchas de las reformas que han ido en este sentido durante las mayorías absolutas del PP, con Aznar y con Rajoy. Sorprende que el PSOE apenas haya hecho esfuerzos de reversión de las leyes más nacionalistas, excluyentes, centralizadoras, uniformizadoras e inconstitucionales promovidas por el PP. Será que lo que le pedían los representantes de las minorías nacionales no le gustaba ni interesaba lo suficiente como para promoverlo y/o que su electorado no estaba interesado en proteger la diversidad nacional, política y cultural.
Aquí es donde hay mucho por obtener en una negociación de investidura. Si nos tomamos en serio los cambios legales del PP que han ido desactivando el espíritu constitucional inicial de la primera Transición, podemos mejorar mucho el entorno legal en el que nos movemos desde las nacionalidades periféricas, bastante bien protegidas en la Constitución tal y como salió aprobada y refrendada en 1978. Recordemos –nunca podemos olvidarlo– que el actual PP y Aznar son herederos de la antigua Alianza Popular, que no votó la Constitución sino que se dividió entre los contrarios, los abstencionistas y los favorables. Aznar era desde la base de los contrarios. Todo Vox está hecho de contrarios a la Constitución. La propia presidenta de Sociedad Civil Catalana ha manifestado públicamente estos últimos días que "viven desprotegidos desde hace cuarenta y cinco años", o sea desde la aprobación de la Constitución. Al PP, como a los partidos españolistas que han ido naciendo y desapareciendo en los últimos años, solo le importa la primera mitad del artículo 2, que habla de "la unidad indisoluble de España".
Es posible salvar elementos de protección constitucional que se han desactivado en leyes posteriores. Durante la mayoría absoluta del PP de Rajoy se realizaron muchos cambios legales que desactivaban las garantías constitucionales. Solo en 2015 aprobaron quince leyes orgánicas y cuarenta y nueve ordinarias, todas de trascendencia, pero algunas claramente y visiblemente involucionistas, como la llamada ley mordaza (Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana), que es un caso muy conocido de espíritu anticonstitucional, y el PSOE solo lo ha retocado ligeramente. La Ley de Seguridad Nacional (36/2015), la Ley Orgánica del Poder Judicial (7/2015) y las leyes orgánicas 12/2015 y 15/2015 de modificación de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional son otros casos clamorosos. Por lo general, podríamos decir que todo lo que legisló el PP durante la mayoría absoluta de Rajoy, incluidos aspectos importantes de leyes no directamente relacionadas con la judicialización del Procés, y las disposiciones adicionales de muchas leyes, estaba hecho con el espíritu de cambiar la aplicación de la Constitución para luchar contra el independentismo sin tener que hablar con sus representantes elegidos democráticamente por el voto popular. Toda esta herencia tiene que anularse y volver a la legislación precedente. Es un buen objetivo que puede lograrse dada su evidente constitucionalidad y el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas a las que Pedro Sánchez quiere pedir la investidura. Para Catalunya el paso adelante sería notable.
No solo hay que revertir radicalmente la judicialización y aquellos rasgos de espíritu anticonstitucional que se han convertido en la ortodoxia de la derecha española. Hay mucho que aprovechar en la Constitución. Los anticonstitucionales españoles gobiernan y se llaman “constitucionales” o “constitucionalistas”, cuando no lo son excepto en lo que se refiere a la primera parte del artículo 2. Se vio perfectamente en la manifestación del pasado domingo en Barcelona y en la jura de bandera de la heredera a la Corona. Tenemos que aprovechar lo que sigue del artículo 2 (“reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que la integran”) y el resto de la Constitución de la mejor forma posible.
