La semana que viene, las escuelas e institutos volverán a abrir sus puertas. Miles de niños y adolescentes se reencontrarán con sus compañeros y compañeras, conocerán a los profesionales de la educación que les acompañarán cada día y retomarán una rutina que es mucho más que ir a clase: es aprender, crecer, relacionarse y encontrar un espacio de protección y de oportunidades.Y como cada año, volvemos a hablar del coste de los materiales, de si habrá suficiente profesorado, de las plazas públicas disponibles, del comedor escolar y de las condiciones de los centros educativos. Este año, además, hablamos de movilizaciones. Y también de qué pasará con las salidas que muchos centros dejarán de hacer.Pero no basta con hacer inventario de carencias cada mes de septiembre. Hay que preguntarse qué necesita realmente la educación pública catalana. Los problemas que volveremos a afrontar este septiembre no son nuevos, no son imprevistos y no se resuelven con parches. Son el resultado de decisiones políticas acumuladas año tras año.La educación pública no necesita gestos. Necesita una apuesta política clara, sostenida y honesta. Y esta apuesta empieza por cómo planificamos la oferta educativa. Hay que garantizar una red pública suficiente en cada territorio, para todos los niños y adolescentes, y reforzarla en lugar de debilitarla. Curso tras curso se cierran grupos en la escuela pública, y, paradójicamente, se mantienen, o incluso se amplían, conciertos educativos que no responden a las necesidades educativas reales del país.Y pasa también por una cuestión que ya no se puede aplazar más: la gratuidad de la educación pública. No es normal, ni lo ha sido nunca, que las familias tengan que asumir costes vinculados a la escolarización. Cada euro que una familia paga por escolarizar en la pública a su hijo o hija es una desigualdad más que el sistema tolera. El acceso a una educación pública de calidad no puede depender de la renta de cada hogar.Esta cuestión va más allá de los gastos estrictamente vinculados a lo que ocurre dentro del aula. Pensemos, por ejemplo, en el comedor escolar, que debería ser gratuito y universal y formar parte de una política educativa que garantice la equidad; o en las salidas y actividades que los centros incorporan a su proyecto educativo, y que actualmente pueden depender de las aportaciones económicas de las familias o de la disponibilidad de los profesionales para hacerlas posibles en función del centro.
Hace años que hablamos de educación inclusiva. Pero para que sea una realidad es necesario que los centros tengan las condiciones para que todo el alumnado pueda aprender y participar. La codocencia es una herramienta que lo puede hacer posible: dos profesionales trabajando conjuntamente dentro del aula para dar respuesta a la diversidad del alumnado sin separar a los niños que necesitan más apoyo.Cada verano más largo y más cálido nos recuerda que muchos centros no están preparados para hacer frente a las altas temperaturas, con aulas sin climatización adecuada y patios sin sombra. Son necesarias inversiones sostenidas para garantizar espacios adecuados y seguros para niños y profesionales.La educación pública que necesitamos no se puede decidir de espaldas a la comunidad educativa. Las familias, los niños y adolescentes y los profesionales no podemos ser solo receptores de políticas decididas desde arriba. Es necesario que se nos escuche, se incorpore nuestra experiencia y se nos haga partícipes de las decisiones que definen el futuro del sistema.Desde aFFaC - Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña lo tenemos claro: Cataluña necesita abrir, ya, una nueva etapa de construcción colectiva en torno a la educación pública, impulsada y liderada por el conjunto de la comunidad educativa. Una etapa que aborde la gratuidad, la planificación, la inclusión, las condiciones laborales y la participación real. Esta es nuestra propuesta de Acuerdo para la Educación Pública: romper, de una vez, la lógica de reaccionar cada septiembre ante los mismos problemas, y empezar a construir compromisos que se puedan exigir y evaluar.Y aquí es donde el departamento de Educación tiene una responsabilidad que no puede delegar ni ignorar. Este septiembre no le pedimos que gestione el curso. Le exigimos que asuma la responsabilidad que le corresponde: garantizar el derecho a una educación pública, inclusiva, equitativa y de calidad.Una educación pública fuerte no se construye curso tras curso con parches ni con buenas palabras. Se construye con decisiones valientes, recursos suficientes y una apuesta política inequívoca. Y este curso el departamento debe demostrar con decisiones y recursos que la educación pública es una prioridad política inaplazable.
