Emergencia habitacional en otoño
BarcelonaLas entidades sociales temen que después del 31 de octubre, que es cuando vence la moratoria antidesahucios aprobada por el gobierno español durante la pandemia, se podría producir un auténtico alud de desahucios en Catalunya. En concreto, unos 26.000, casi el doble de los 15.000 que se registraron en 2013 y que son el récord hasta ahora. Además, después de que el Tribunal Constitucional tumbara la ley de vivienda catalana, se calcula que hay unas 3.200 familias vulnerables que no han podido renovar su alquiler social, y que ahora por lo tanto pueden quedarse sin casa. Todo apunta, pues, a que a mediados de otoño se producirá una crisis habitacional de grandes proporciones en Catalunya, y que para evitarla, o al menos minimizar al máximo sus efectos, habrá que ponerse a trabajar inmediatamente.
El primer paso que ya han dado las mismas entidades es proponer una nueva ley que recupere la mayoría de mejoras sociales que preveía la norma tumbada. Uno de los aspectos más problemáticos es que el Constitucional anuló la obligatoriedad que tenían los grandes tenedores de ofrecer primero, y renovar después, el alquiler social a las personas vulnerables. Esta decisión, conjuntamente con la crisis económica provocada por la pandemia, ha dejado a muchas personas al borde del abismo. Esta es una de las muchas reformas que hay que intentar recuperar con la nueva ley, que tiene el apoyo en el Parlament de ERC, Junts, los comunes y la CUP. Eso sí, buscando la manera para que pase el filtro del TC, a pesar de que con el sesgo conservador que tiene el actual alto tribunal será complicado.
Igualmente, esta tiene que ser solo una pata de una estrategia mucho más amplia para resolver el problema de la vivienda, sobre todo en la ciudad de Barcelona, donde los precios de mercado son prohibitivos para muchas familias. La Generalitat y los ayuntamientos tienen que poner en marcha un plan ambicioso de construcción de vivienda pública de alquiler que presione los precios a la baja y permita que los jóvenes se puedan emancipar más temprano de lo que lo hacen ahora. Esta construcción de vivienda se puede enfocar también a través de la rehabilitación de edificios. Recordemos que uno de los puntos a los cuales Pedro Sánchez ha anunciado que quiere dedicar una parte de los fondos europeos Next Generation es la conversión en sostenibles energéticamente de muchas viviendas que hoy en día no lo son y que generan un consumo excesivo de luz y gas, lo cual, a su vez, presiona los precios hacia arriba.
Se trataría, pues, de combinar un impulso a la rehabilitación verde de viviendas con una política social que permita resolver la carencia de viviendas públicas para familias vulnerables y para jóvenes. La inclusión de un precio de referencia de alquiler ha servido para impedir una burbuja alcista, pero los expertos no se acaban de poner de acuerdo sobre su impacto real. Por eso hay que empezar a pensar tanto en el corto plazo, con la emergencia habitacional del otoño, como en el largo, para poner las bases de un acceso a la vivienda mucho más equitativo e intergeneracionalmente justo.
