Escucha, Europa: ¡el Catalangate vulnera derechos fundamentales!

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Eurodiputados al hemicile del Parlamento  Europeo.

Sin ningún tipo de duda. El centro de investigación Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, se refiere a ello con una claridad absoluta en la conclusión de su investigación titulada Catalangate, sobre el uso de Pegasus, un software con que se ha espiado a líderes políticos y activistas independentistas, pero también a abogados y periodistas: “Nuestra investigación nos permite visualizar lo que probablemente es una operación extensa para situar una porción significativa de la sociedad civil de Catalunya bajo vigilancia durante años. Esta operación ha resultado en la vigilancia total de políticos catalanes”.

La afirmación es de una gravedad extrema. Una parte significativa y destacada de la sociedad civil ha estado bajo vigilancia durante años. Y los políticos catalanes han sufrido una vigilancia total. Unos hechos que nos recuerdan las prácticas de aquellos estados que están fuera de los estándares europeos, estados con una calidad democrática cuestionable.

Fruto del trabajo de Citizen Lab, y del artículo publicado en The New Yorker por el premio Pulitzer Ronan Farrow, hemos confirmado lo que ya sospechábamos: que desde 2015 ha habido una red de espionaje masivo contra el independentismo. Nos encontramos ante el mayor caso de espionaje que ha habido jamás en el mundo con Pegasus y el mayor que se ha producido dentro de la Unión Europea en las últimas décadas. De hecho, el alcance, a estas alturas, es inimaginable, y podría superar las doscientas personas espiadas. Hace tiempo que los catalanes sufrimos las consecuencias de la impunidad con que actúan los poderes del Estado bajo las órdenes del gobierno español.

Desde el estallido del escándalo del espionaje masivo al independentismo, un peldaño más en la persecución a una minoría nacional, he denunciado el riesgo que esto representa para la democracia y para los valores europeos. Lo he hecho en las múltiples entrevistas en la prensa internacional, muy impactada por el Catalangate, y también en las reuniones institucionales que he mantenido en la visita de este mes de abril en Europa Central. Interpelaremos al Consejo de Europa y a la Comisión Europea, y usaremos todos los mecanismos de las Naciones Unidas para proteger nuestros derechos. En Bruselas, he instado a personas clave de las instituciones europeas a dar un paso adelante en la denuncia y la demanda de una investigación a fondo sobre este escándalo y he alertado que la inacción de estas instituciones, especialmente de la Comisión, puede establecer un precedente grave para la protección de los derechos de la ciudadanía europea. Tenemos que tener en cuenta que a menudo la reacción del gobierno español depende directamente de la presión internacional que recibe.

La Unión Europea tiene que exigir a sus estados miembros lo que exige a Rusia o a China. No puede mirar solo a Polonia o Hungría cuando se vulneran los derechos humanos y, en cambio, mirar hacia otro lado cuando se trata de España. Bruselas tiene que tener el valor de poner fin a los dobles estándares o seguirá poniendo en riesgo el ya malogrado proyecto europeo. Si, contrariamente a lo que pedía el Washington Post en su editorial, España no es condenada por la naturaleza desenfrenada de las actividades de “hackeo” contra la oposición política catalana, se estará dando alas a regímenes autoritarios para que vulneren los derechos civiles de su disidencia interna.

¡Escucha, Europa!, pido. Y precisamente, “Escucha, Europa. Europa eres tú” ha sido el eslogan de la campaña que meses atrás pusimos en marcha desde el departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto para fomentar la participación de la ciudadanía catalana en la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) y para hacer oír la voz de Catalunya en las instituciones europeas. Queremos hacer oír nuestra voz, pero también que la Unión Europea nos escuche y reaccione cuando se vulneran nuestros derechos como ciudadanos europeos.

Con el Catalangate ha caído la máscara de “la agenda del reencuentro”. El gobierno central ha usado la mesa de diálogo con el Govern como una operación de marketing político, una foto. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha simulado un diálogo que no ha existido, mientras se espiaba, de manera masiva y estructural, a políticos catalanes, a sus entornos e incluso a sus representantes legales. Hemos visto cómo la ministra de Defensa, en sede parlamentaria, admitía el espionaje preguntándose “¿Qué tiene que hacer un estado cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Cuando alguien declara la independencia?” y dejaba claro que todo vale para preservar la sagrada unidad de España, incluso sacrificar los valores democráticos.

Pero es ahora, cuando el mismo gobierno español afirma que los móviles de Margarita Robles y del presidente Pedro Sánchez también han sido intervenidos, que la Moncloa tiene prisa para saber qué ha pasado. ¿Intentan pasar de verdugos a víctimas? En todo caso, si los aparatos del presidente y la ministra han sido espiados, ha habido una quiebra en la seguridad muy grave que requiere explicaciones. Todo ello es inaceptable, hacen falta muchas explicaciones. Las exigimos a España, y también a Europa. 

Victòria Alsina es 'consellera' de Acción Exterior y Gobierno Abierto
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