España y su responsabilidad con el Sáhara Occidental
BarcelonaA pesar de los esfuerzos del PSOE por disimular su giro con el Sáhara Occidental, la realidad es que la carta que Pedro Sánchez envió a Mohamed VI en la que se afirma que la propuesta de autonomía para los saharauis que hizo Rabat en 2007 es "la base más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto ha provocado un auténtico terremoto político y diplomático. No hay que ser un experto en relaciones internacionales para ver en esta expresión un posicionamiento a favor de Marruecos, que ocupa de facto el territorio desde hace 46 años sin base legal, y un rechazo a la reivindicación histórica de los saharauis, avalada por las Naciones Unidas, de celebrar un referéndum de autodeterminación.
La decisión de Sánchez y de su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dejado al PSOE absolutamente solo y aislado en el Congreso y ha provocado una crisis diplomática con Argelia, un país clave para el suministro de gas, que ha retirado a su embajador de Madrid. Y todo para contentar a un Marruecos que ha visto cómo su presión diplomática, mantener las vías de comunicación marítimas cerradas y, sobre todo, la amenaza de lanzar a su propia gente contra las vallas de Ceuta y Melilla han forzado al Estado español a ceder en el chantaje.
En las relaciones internacionales siempre tiene que haber una dosis de realpolitik, pero en este caso hay motivos para pensar que el Gobierno español ha cometido un grave error. En primer lugar, porque no hay ninguna garantía de que Marruecos cumplirá sus promesas, y ni siquiera hay un memorándum firmado y público donde se especifican cuáles son. Lo único que hay es la carta de Pedro Sánchez, que, además, hemos conocido a través de un medio de comunicación y es una traducción del original, y las pobres explicaciones de su ministro en el Congreso. En política exterior ceder a los chantajes suele ser un mal negocio, porque se manda un mensaje de debilidad que la otra parte sabrá aprovechar, tal como se ha visto en el caso de Putin.
Pero, en segundo lugar, y todavía más importante, España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental de la que no puede escabullirse. El Estado español es la potencia administradora de un territorio que, según la ONU, está pendiente de descolonizar desde que en 1975 fue entregado, en una fuga humillante por parte de las autoridades españolas de la época, ante la presión marroquí. En 1991 los saharauis aceptaron un alto el fuego y optaron por la vía diplomática. Marruecos ha bloqueado desde entonces la celebración de un referéndum auspiciado por las Naciones Unidas y cada vez ha ido ganando más apoyos, la realpolitik ahora sí, en su pretensión de quedarse el Sáhara definitivamente.
El paso dado por España significa ponerse de parte de quien ha violado el derecho internacional y abandonar a su suerte a todo un pueblo con el que mantiene lazos afectivos desde hace décadas. Numerosas familias españolas y catalanas han acogido a niños saharauis de los campos de refugiados de Tindouf, en Argelia, en su casa cada verano. ¿Qué les diremos ahora a estos niños? Todo apunta a que Sánchez no ha medido el impacto de su paso. Y cuanto antes se dé cuenta y rectifique, mejor.
