La Europa fortaleza empieza a pisar líneas rojas
La Unión Europea ya hace tiempo que recula en la defensa de los derechos humanos, sobre todo cuando se habla de inmigración y, todavía más, cuando se trata de enfrentarse a las políticas xenófobas de los países del Este como Bulgaria o Polonia. Si la semana pasada anunció que destinaría unos 3,5 millones de euros para pagar el regreso a sus países de origen de los inmigrantes que se han quedado varados en Bielorrusia después del tour de force de Aleksandr Lukashenko, este miércoles abrió la puerta a Polonia, Letonia y Lituania –los países que han recibido la presión migratoria en sus fronteras por esta política– a recortar el derecho de asilo y saltarse las normas internacionales sobre protección de los refugiados. La situación es muy delicada porque, a pesar de que está claro que se trata de un problema complejo en el que el gobierno bielorruso ha utilizado la desesperación de los migrantes para presionar a la UE y evitar sanciones, el resultado es que, de cara a la opinión pública, parece que el dictador se ha salido con la suya.
Lo que este miércoles se puso sobre la mesa, y que se ha negociado desde hace semanas, es que se dé validez a lo que, de hecho, ya están aplicando estos países en sus fronteras. Como no están garantizando actualmente el derecho a asilo de las personas llegadas desde Bielorrusia, Bruselas lo que propone es que efectivamente estos tres socios europeos puedan recortar el derecho a la protección internacional de los refugiados reteniéndolos durante más tiempo en las fronteras. Así, escudándose en el artículo 78(3), que prevé medidas "excepcionales" en este ámbito, acepta que estos países puedan aplicar medidas desincentivadoras como, por ejemplo, alargar a un mes el tiempo que las autoridades lituanas, letonas o polacas pueden tener para tramitar la solicitud de asilo (ahora la norma es de diez días), y la resolución y su recurso se puede alargar hasta más de dieciséis semanas, un tiempo durante el cual pueden estar retenidos en centros habilitados en las fronteras. También se favorece la deportación sin posibilidad de pedir el asilo.
Es verdad que no estamos hablando de un giro copernicano en absoluto. Después de lo que ha pasado y todavía pasa en Grecia y en otros países del sur de Europa, como Italia o España mismo, con una llegada de migrantes muy superior a la que ha habido ahora en la crisis de Bielorrusia, está claro que estas medidas ya se están aplicando de facto en muchos casos. La diferencia, sin embargo, es que si hasta ahora las aplicaban los estados por propia voluntad o por impotencia a la hora de gestionar la situación, en estos momentos es la misma CE la que, oficialmente, da por buenas unas maneras de hacer que se contradicen con el derecho internacional. Estos mismos países rebeldes del Europa del Este que han metido palos en las ruedas durante años para tratar de conseguir un reparto justo y equitativo de los migrantes –que, con justicia y jugándose la vida, intentan llegar a Europa muchas veces huyendo de la persecución en sus países debido a guerras impulsadas por potencias ajenas– ahora están consiguiendo su objetivo de hacer cambiar las políticas de toda la UE. La Europa fortaleza empieza a ser un bunker controlado por los más extremistas y ya está pisando más de una línea roja.
