Cuando Europa habla, España tiene que obedecer

El día de la Virgen del Carmen, patrona de la gente de mar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, dictó una sentencia largamente esperada y a la vez muy trascendente para la política catalana y española: según la justicia europea, la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español hace más de dos años no afecta ni el orden legal ni los intereses económicos de la Unión. La resolución es clara y diáfana, y no deja dudas sobre el alcance de su aplicación.

Hay que recordar el porqué de esta sentencia del TJUE. No es nada habitual que leyes aprobadas por parlamentos estatales acaben pasando por el filtro de los tribunales europeos. La ley de amnistía fue a parar allí porque dos estamentos españoles querían dilatar su aplicación: la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. Uno y otro se aferraron a la facultad de pedir opinión a la justicia europea para no aplicar una ley aprobada por el Parlamento que manifiestamente no les gusta. Hasta aquí, podemos quejarnos de la maniobra, podemos criticarla, pero en la medida en que utilizaron una vía reconocida por la legislación europea, lo hemos de aceptar, como por otra parte hemos hecho.

Sin embargo, una vez el TJUE se ha pronunciado, ya no hemos de aceptar nada más que la inmediata aplicación de la resolución europea. Si se recurre a Europa y Europa habla, España ha de obedecer. Se acabaron los trapicheos, y así lo hemos de exigir. En esta exigencia no puede haber medias tintas. Ir a Europa ha servido para ganar tiempo y entorpecer la voluntad mayoritaria expresada en las Cortes Generales, pero ir a Europa tiene otra cara de la moneda: si pierdes, te lo has de tragar.

Como estamos viendo, la obligación de cumplir resoluciones de instancias judiciales superiores no es aceptada por algunos estamentos españoles. Concretamente, el Tribunal de Cuentas sigue buscando resquicios por donde esquivar su obligación de amnistiar a las personas afectadas por el referéndum del 1 de Octubre y por la acción exterior de la Generalitat durante el período 2011-2017. Esta actitud de desobediencia resulta del todo intolerable, y si se consolida, puede constituir todo un precedente para que otras instancias judiciales del Estado se pasen por el forro las sentencias de los tribunales europeos.

En este punto yace el quid de toda la cuestión: ¿cómo pueden hacer obedecer sus sentencias aquellos que desobedecen las de estamentos superiores? Aquí no hay margen interpretativo. Solo puedes hacer cumplir tus resoluciones si tú cumples las que te afectan. Te gusten o no.

Ante estas maniobras de desobediencia que se vislumbran, el Tribunal Constitucional debe hacer valer su autoridad. Es el único que puede hacerlo, porque el Tribunal Supremo, que podría y debería hacerlo, no lo hará. El Constitucional ya se ha pronunciado en diversas ocasiones a favor de la constitucionalidad de la ley de amnistía. Ahora le toca una tarea probablemente más ardua: como dicen los castellanos, meter en vereda a los tribunales díscolos españoles. El TC tiene incluso la capacidad legal, que no tenía antes de 2015, de hacer ejecutar sus sentencias.

En este sentido, explicaré una anécdota poco conocida. En aquel año 2015, en pleno auge del proceso soberanista, con mayoría absoluta en el Parlament a favor de la independencia, un ministro del PP se me dirigió, siendo yo presidente de la Generalitat, y me dijo, literalmente: “Esta reforma la hemos hecho pensando en ti”. Se refería a una modificación de la ley de funcionamiento del Constitucional para otorgarle la facultad de hacer cumplir sus resoluciones sin tener que recurrir a los tribunales ordinarios. Una modificación legislativa que el PP pudo sacar adelante gracias a su mayoría absoluta. En el trasfondo de aquella reforma había el siguiente razonamiento: el PP perderá la mayoría y España pasará meses sin gobierno —la profecía se cumplió al pie de la letra—. El razonamiento se completaba con una segunda idea: en ausencia de gobierno central, el Constitucional hará el trabajo de detener el movimiento soberanista. Ellos pensaban que yo seguiría siendo presidente —aquí se equivocaron— y ya tenían todo el esquema montado para intentar detenernos...

Pues bien, han pasado años, más de 10, y la ley del Tribunal Constitucional no ha cambiado, a pesar de que gobiernan otros. El TC tiene las herramientas para actuar y debe hacerlo sin dilaciones ni subterfugios. Europa ha hablado por escrito. Ha dicho que la amnistía no lesiona normas europeas. Es el TC quien debe poner orden, marcar el terreno de juego y hacer obedecer a los que siguen intentando desobedecer.