Felipe VI y el terraplanismo lingüístico
Felipe VI, rey de España como sabemos, otorgó hace unos días el título de “real” a una esperpéntica entidad mallorquina que se hace llamar Acadèmi de Sa Lléngo Baléà (lo escriben así, o de cualquier otra forma) y que propugna la segregación de una imaginaria "lengua balear" respecto al catalán, así como unas estrafalarias normas ortográficas que se inventan sobre la marcha. Huegla decir que se trata de un grupúsculo vinculado a la extrema derecha, concretamente de la rama con ínfulas filológicas, y que el único argumento de sus proclamas pseudolingüísticas es el odio contra la lengua catalana (el autoodio, de hecho, porque es su propia lengua), que va unido a un furibundo nacionalismo español. Y también es ocioso subrayar que no tienen ningún interés en defender ninguna “lengua balear”, sino, simplemente, en forzar la desaparición del catalán en favor del castellano en las Islas Baleares.
Hablamos de terraplanistas lingüísticos, como retrató Laura Gost en una columna paródica del sábado. Pero la cosa deja de ser un simple disparate cuando –como señaló la directora del Ara Balears, Cristina Ros– el jefe del Estado les concede legitimidad y cobertura institucional. En efecto, sería inimaginable que la Corona diera el tratamiento de “real” a una pseudoacademia que defendiera que en Latinoamérica no se habla español, sino argentino, chileno, boliviano, etc. El descalabro sería descomunal y habría manos a la cabeza y desgarros de vestiduras. Poner en cuestión la unidad de la lengua española sería anatema; con la catalana no solo se atreve a hacerlo cualquier indocumentado, sino que la casa real da un tratamiento de deferencia a estos indocumentados.
Por eso es importante el comunicado conjunto que han hecho el Institut de Estudis Catalans y la Universitat de les Illes Balears, contestando y poniendo en su lugar a la supuesta academia y el gesto absurdo e impresentable de la casa real española. Ambas instituciones manifiestan “sorpresa” y recuerdan que el catalán es –de acuerdo con el Estatut de Autonomia– la lengua oficial y propia de Baleares, lo que también recoge la ley de normalización lingüística. Y que, también de acuerdo con el Estatut, la UIB es la institución oficial de referencia para todo lo que concierne a la lengua catalana en Baleares, y que el IEC es la institución que tiene la capacidad oficial para fijar la normativa y la gramática del catalán.
Así pues, lo que hace Felipe VI concediendo títulos a entidades ultras y anticientíficas es situarse fuera no solo de la ciencia, sino también de la ley. No es que nos sorprenda, viniendo de quien viene, ni que el título de “real” añada un poco de prestigio o credibilidad a quien lo ostenta. Más bien lo contrario. Ahora bien: la concesión real debe entenderse dentro del contexto de la ofensiva política de la derecha y la ultraderecha contra el catalán en Baleares y en el País Valenciano (aunque el gobierno de Marga Prohens se haya desvinculado de estrambótica acadèmi, sus socios de Vox son devotos seguidores). El espíritu del 3 de octubre sigue impregnando el reinado de Felipe VI, un jefe de estado entregado a la derecha nacionalista.
