Una de las cosas más abracadabrantes de la última encuesta del CIS es que el poder judicial es la segunda institución española mejor valorada y que todas las suspicacias sobre su falta de neutralidad se concentran en su actuación sobre los partidos políticos. Lo hemos sabido precisamente la misma semana que el Tribunal Supremo ha denegado, en primer lugar, la amnistía a Carles Puigdemont, sosteniendo de forma delirante que obtuvo con el Proceso un "beneficio personal de carácter patrimonial" y que ello encaja de forma muy retorcida dentro de la desgracia y evitable excepción que prevé la ley de amnistía. En segundo lugar, el mismo alto tribunal ha informado en contra de un indulto a Oriol Junqueras, que podría exonerarle de la condena de inhabilitación porque, a juicio de tan sabios togados, y en contra de la opinión de la Fiscalía, eso sería tanto como sustituir el indulto parcial e irrevocable a otro pena de cárcel otorgado a su pena de cárcel 1870.
En fin, que Marchena, Llarena y compañía ya no saben en estos momentos qué indagarse para justificar su rabiosa rebelión contra cualquier medida de gracia a los condenados por el 1 de Octubre. Con su chulería habitual, la mayoría de la sala segunda del Supremo ha desterrado una vez más su obligación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y ha preferido seguir haciendo de agente subversivo y antisistema, invadiendo no sólo los espacios característicos y reservados al activismo político militante, sino también ejerciendo su función resultado de falsear sin disimulo alguno los postulados de la democracia jurídica basada en la ley, esto es, en el respeto a la voluntad emanada del legislador democrático.
La politización de la justicia en España es insoportable. El sistema judicial está lleno de jueces que actúan como si fueran instancias dirimentes de conflictos políticos, sin rubor alguno. no les corresponde dar solución a ninguno de los problemas políticos o morales que afectan a nuestra sociedad. Esto sería tanto como darles un poder omnímodo y discrecional sobre nuestras vidas. frente a las pulsiones políticas.
Este paradigma de juez-político español, intolerante y excluyente, herido en su orgullo patriótico, que respalda de forma febril la tesis de que el 1-O fue un golpe de estado, contrasta vivamente, por cierto, con la clamorosa inhibición del sistema judicial en su conjunto a la hora de perseguir a los responsables y cargos, servicios de inteligencia, policías corruptos... Como sabemos por todas las evidencias posibles a estas alturas, audios y notas manuscritas incluidas, hubo quien se dedicó durante años a fabricar informes falsos que después filtraba a los medios de comunicación afines para estropear la reputación de políticos y empresarios catalanes honestos. Pero claro, partidarios de la independencia de Catalunya.
El hecho de que haya en estos momentos una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados donde se ventilan exclusivamente responsabilidades políticas, no se olvide, no puede enmascarar lo doloroso de que ni la Fiscalía ni ningún juez ha movido siquiera la falange (!) de un dedo para averiguar quién montó una operación tan grosera para eliminar rivales políticos. Y esto sólo tiene una explicación posible: una parte considerable de la justicia española está mediatizada de forma asfixiante por la derecha política españolista y fanatizada por una determinada concepción cerrada de España, que se ve que les da patente de corazones por no aplicar la ley de forma imparcial.
