Financiación: una ganancia modesta
Existe un período de duelo después de la ambición de la independencia, rebajada primero a la ambición de concierto económico en la vasca, rebajada después a la de un modelo de financiación singular y rebajada finalmente a la de una reforma del modelo de financiación con algunos rasgos singulares. Sumémosle la explosión de anticatalanismo en todo el Estado contra la visualización del resultado de una reivindicación catalana, dando por supuesto que les perjudicaría sólo por el hecho de ser catalana, y que sugiere que si el nuevo modelo saliera adelante un nuevo gobierno PP-Vox lo suspendería inmediatamente –tal y como ya ha dicho el sano– continuar en el modelo todavía vigente–. Superamos el duelo y tratamos de analizar fríamente los datos disponibles, avanzando que todavía son muy pocos.
¿Qué es lo que me llama la atención? En primer lugar, aunque no se salga del régimen común de financiación autonómica, los cambios respecto al modelo anterior son grandes. Lo suficiente para dificultar una adecuada previsión de los efectos que puede producir. Me conformaré por ahora con los que ha presentado la ministra. Yo los resumiría en este ranking de incremento previsto de financiación en euros per cápita (población real de 2025 según el último dato del INE) por comunidad autónoma de régimen común: 1) Murcia, 749; 2) Comunidad Valenciana, 676; 3) Castilla-La Mancha, 587; 4) Cataluña, 577; 5) Andalucía, 558; 6) Aragón, 461; 7) Madrid, 359; 8) Islas Baleares, 330; 9) Canarias, 270; 10) Asturias, 244; 11) Galicia, 216; 12) Castilla y León, 113; 13) La Rioja, 76; 14 y 15) Cantabria y Extremadura, 0.
Como puede verse, la comunidad autónoma ganadora sería Murcia, seguida por la Comunidad Valenciana, netamente por encima de los demás. Hace muchos años –desde que existe el modelo actualmente vigente– que son las dos comunidades autónomas más maltratadas: a pesar de estar por debajo de la media en aportación de recursos, salen perdiendo en el proceso de redistribución. No entiendo cómo es que los gobiernos del Estado no han querido corregir antes esta distorsión tan evidente, y de la que se quejaban amargamente gobiernos autonómicos de signo político diverso frente a gobiernos centrales de su mismo signo. También se ve inmediatamente que las dos últimas comunidades autónomas de la mesa no incrementarán los recursos porque están tan bien tratadas que su sobrefinanciación es injustificable en un modelo basado en principios de igualdad y solidaridad. Estas correcciones se complementan con el muy buen trato en Castilla-La Mancha y Andalucía, tercera y quinta mejor tratadas. No es que estuvieran mal tratadas, simplemente el modelo vigente las dejaba en la cola de la recepción de recursos del modelo de financiación. Esta mejora de equidad del modelo, que reduce a la mitad la distancia entre la comunidad autónoma mejor financiada y la peor financiada, debería haber levantado una ola de felicitaciones de la opinión más españolista que clama por la "unidad de trato entre todos los ciudadanos"; unidad de trato que excluye a Cataluña, obviamente.
Cataluña es la cuarta a mejorar. No es mucho después de todo lo que ha reivindicado la mayoría del espectro político catalán desde los primeros años del siglo XXI. Se destaca que, en población ajustada, Cataluña pasa de novena en financiación autonómica per cápita a tercera, lo que pone a Cataluña en el orden que le corresponde según las aportaciones de recursos que hace al sistema. Cabe decir, como ya han dejado entender a los propios implicados en la negociación, que según el criterio de "población real" la mejora es mucho más modesta –de la décima posición a la novena entre las de régimen común–. La mejora que verá la ciudadanía es ésta: la de la población real y no la de la población ajustada. La población ajustada es la fórmula para explicar este resultado, y depende de presiones y resistencias múltiples. Puede tener fuerza legal a efectos de la distribución de los recursos, pero no la tiene a los ojos de ningún observador mínimamente objetivo. Si, además, recordemos que los euros que se distribuirán tienen un poder adquisitivo muy diferente entre comunidades autónomas, y que en Cataluña lo tiene inferior a la media del Estado, la ganancia, en términos reales, es modesta.
¿Son todas estas limitaciones suficientes para rechazar el modelo? Depende de si existe una expectativa razonable de mejorarlo y que la mejora pueda soportar un cambio del signo de gobierno. En 2009 el nuevo modelo de financiación comenzó bastante bien, pero el diseño, hijo de la abundancia de la euforia anterior a la Gran Recesión, no había contado con el impacto de la crisis y nos dejó dieciséis años de resultados frustrantes, mientras que las comunidades autónomas que se quejaron, también como ahora, lograron garantías similares a las destatu quo que ahora se les ofrece, que fueron una excelente protección contra los estragos de la crisis. Tal como vemos ahora el modelo, no es posible saber si esto se puede reproducir, pero habría que valorarlo bien. Mientras tanto, no menospreciamos lo que se puede conseguir.
