Financiación: la partida sigue

Recientemente conocimos el acuerdo alcanzado entre ERC y el gobierno español sobre el tema siempre controvertido de la financiación. De entrada resulta muy relevante hacer notar que se trata de un pacto entre un solo partido y el gobierno de Pedro Sánchez. Teniendo en cuenta que este partido, ERC, sólo tiene siete diputados en Madrid, la primera conclusión de todo aparece como bastante evidente: si otros partidos no se suman, el acuerdo quedará en papel mojado. Partiendo de la base de que ni el PP ni Vox se añadirán, la partida queda abierta a otras formaciones políticas, fundamentalmente todas aquellas que hicieron posible el gobierno del presidente Sánchez.

La valoración de un acuerdo se puede hacer desde dos ópticas diferentes: la primera consiste en saber si se mejora la situación actual, si supone un avance. La segunda pasa por salir si el acuerdo cubre las expectativas que se habían fijado o los compromisos que se habían contraído.

Si nos centramos en la primera óptica, el acuerdo que conocemos comporta un paso adelante respecto a la situación actual, que, recordémoslo, deriva de un pacto hecho por el segundo gobierno tripartito de Cataluña en el año 2009 con el gobierno de Rodríguez Zapatero. De eso hace diecisiete años. Ese pacto se presentó como muy beneficioso para Cataluña. Lluvia de millones y evolución del modelo. Hoy, todo son críticas y quejas respecto a lo que parecía tan positivo. Por tanto, cuando analizamos las bases de un acuerdo debemos hacer abstracción de la propaganda interesada y centrarnos en la realidad contrastada.

Si lo hacemos así, mi análisis podría resumirse como sigue: en el lado de las ganancias, hay más dinero para Cataluña, hay menos desigualdad en financiación per cápita entre autonomías, hay más corresponsabilidad fiscal porque las autonomías aumentan su participación en impuestos como el IRPF o el IVA, hay mejoras de tesorería porque se cobra por la recaudación que los gobiernos autonómicos puedan financiar sus singulares competencias con el IVA de las pequeñas y medianas empresas.

En el lado de las carencias, algunas son muy evidentes y desgarradoras: el principio de ordinalidad, aquel que debería garantizar que un territorio no pierde posiciones después de hacer aportaciones de solidaridad a otros territorios, no queda claro ni blindado legalmente, lo que hace temer lo peor. No se tiene en cuenta el coste de la vida, muy distinto entre autonomías. Vivir en Cataluña es mucho más caro que vivir en Extremadura o en Castilla-La Mancha. Si este aspecto se ignora, la comparación entre dinero per cápita entre territorios pierde gran parte de su validez. Y respecto al incremento de los recursos que pueden llegar a Catalunya, se esconde una realidad que en beneficio de la transparencia debería explicarse a la población: más de la mitad del dinero que vendrá de más ya está gastado: es el dinero que gasta de más nuestro sistema de salud respecto al presupuesto que tiene asignado. Es decir, una parte sustancial de lo que vamos a ganar como país servirá para seguir haciendo lo que ya estamos haciendo, pero sin generar más déficit.

Si abordamos el tema desde la segunda óptica, la de las expectativas, aquí la valoración que hay que hacer es que quedemos a distancia sideral de lo esperado. Se nos decía: habrá un cambio de modelo; Cataluña saldrá del régimen común de la financiación, es decir, del café para todos; tendremos una financiación singular; la Generalitat gestionará los impuestos y tendrá la llave de la caja; y se reducirá de forma significativa el déficit fiscal, la diferencia entre lo que Catalunya aporta y lo que recibe, por todos los conceptos. Pues bien, de estas expectativas o promesas nos quedamos a años luz. El modelo es el mismo, seguimos dentro del régimen común, no tendremos ninguna clave y el déficit fiscal se mantendrá en proporciones muy elevadas. Se puede vestir de muchas maneras, se pueden hacer muchas curvas verbales y gesticulaciones impostadas, pero eso no cambia la realidad.

El tema de la financiación tiene una gran trascendencia, afectando directamente a las condiciones de vida de la ciudadanía. Estos días hemos podido comprobar, una vez más, cómo la falta de inversiones y de mantenimiento puede llegar a colapsar un país ya perjudicar gravemente a su gente. Lo que vale para la movilidad vale para todo: la salud, la enseñanza, los servicios sociales, la seguridad, la economía o la cultura. Cataluña genera suficiente actividad y recursos para que nuestra situación sea mucho mejor que la que vemos y tenemos.

¿Qué hacer, pues? Para mí, hay tres puntos sobre los que puede pivotar una estrategia de país: el primero, constatar que el actual acuerdo entre ERC y el gobierno central no debe significar en ningún caso un punto final. La partida comienza, no acaba aquí. De hecho, si los negociadores quieren que el acuerdo prospere deben ser los primeros interesados ​​en abrir el juego a otros partidos, que son imprescindibles para obtener la mayoría. Y abrir juego no equivale a pedir adhesiones acríticas. El segundo punto, que la sociedad catalana, también la que se organiza a través del tejido asociativo, se movilice para reclamar un horizonte ambicioso de país, con larga mirada, que nos permita aspirar a un cambio de modelo en materia de financiación. La aritmética parlamentaria en Madrid invita, casi obliga, a elevar la mirada y ampliar el horizonte. Si no lo hacemos ahora, ¿lo haremos frente a una posible mayoría PP-Vox? Y el tercer punto pasa por definir una estrategia catalana de negociación. Gobierne quien gobierne necesitamos más soberanía fiscal. Gobierne quien gobierne nos conviene menos déficit fiscal. Gobierne quien gobierne necesitamos más dinero, mejores herramientas y menos dependencias. Una estrategia catalana de negociación, que sume a actores públicos y privados, mejora nuestra capacidad de presión y dibuja mejor el país que queremos y que podemos tener.