El fracaso de las políticas de deportación masiva de inmigrantes

Según la encuesta anual del ICPS, el 52,4% de los catalanes se muestran a favor de la inmigración pero dos tercios quieren limitar su acceso, quizá por el efecto "agenda" provocado por el envenenado debate político. El endurecimiento de la opinión interna coincide con la tendencia a favorecer las expulsiones en otros países, política que se ha revelado fracasada. Durante su primer mandato, Donald Trump se comprometió a deportar cada año a 1 millón de extranjeros en situación irregular en Estados Unidos para acabar con un tercio de los 11 millones que se estimaba había en ese país. El balance final fue de 1,2 millones de deportaciones formales (removales, con orden de expulsión). Un fracaso, si se tiene en cuenta que se vio superado por Obama (2.749.706 en ocho años). Esto se explica por diferentes motivos: primero, porque la política migratoria depende de la cooperación entre las autoridades federales, estatales y locales, que, en muchos casos –en las ciudades y estados santuario–, se negaron a colaborar con el Inmigration and Customs Enforcement, conocido por las aterradoras siglas ICE y aparte de topar con la juerga emisores. El colapso del sistema fue notable: no había suficientes jueces de inmigración ni recursos administrativos que evitaran los enormes retrasos en los trámites.

Quizá por eso, la actual administración Trump exhibe una política pavorosa: ha decidido enfrentarse a los estados y ciudades no afines (como Minneapolis o Los Ángeles), ha aumentado el presupuesto del ICE hasta los 75.000 millones de dólares (el presupuesto de Defensa de España fue de unos 24.000 millones manglares de Florida y ha cerrado acuerdos con países como El Salvador de Nayib Bukele para encarcelar a cientos de inmigrantes con el pretexto de que pertenecen a los cárteles de la droga. Sin embargo, el resultado de todo este esfuerzo es que, a finales de 2025, más de 600.000 personas habían sido deportadas y 1,9 millones habían abandonado voluntariamente el país, según el departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Es decir, Trump no ha logrado reducir la inmigración irregular porque ésta no desaparece bajo una alfombra y porque las causas que la provocan son muy profundas: pobreza, violencia física e institucional, cambio climático, desigualdades globales, etc.

Las políticas duras sólo hacen que desplazar las rutas migratorias, lo que las hace más peligrosas y aumenta el riesgo de extorsión, como hemos comprobado en el Magreb y en África subsahariana. Las deportaciones masivas implican, además, un coste oneroso en policía, tribunales, centros de detención y vuelos de repatriación que supera los beneficios que podrían suponer para los autóctonos en términos de empleo o menor presión sobre los servicios públicos. Y desde la perspectiva de los derechos humanos tiene un impacto nefasto, en forma de detenciones arbitrarias y de separación de familias, como se ha visto en el triste caso de Liam, el niño de 5 años detenido con su padre en Minneapolis. Si todo ello entra en conflicto con los valores democráticos que dicen defender los estados de derecho occidentales, desde el punto de vista de la cohesión social, las razias indiscriminadas aumentan el miedo y la marginalidad de las personas, que deciden vivir en la sombra y evitar instituciones públicas como hospitales, escuelas y juzgados, lo que empeora la seguridad y la salud públicas. En términos económicos, las deportaciones crean escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción, los cuidados, la distribución y la hostelería, lo que provoca una mayor economía sumergida e inflación.

La Unión Europea, que actualmente vive una deriva restrictiva, también ha experimentado el fracaso. El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio, parte del fiasco de la Directiva de Retorno de 2008, que intentaba alcanzar un sistema común y ordenado, aunque asumió que la ejecución de las políticas corresponde a los estados. Preconizaba el retorno voluntario y los eficientes procesos administrativos, pero no ha garantizado el retorno efectivo a consecuencia de la falta de cooperación entre los Estados miembros y la falta de acuerdos de repatriación con los países de origen. Las ONG y los tribunales han denunciado con frecuencia detenciones prolongadas y expulsiones "en caliente" sin garantías, como en el caso de España. Tampoco los medios han sido abundantes: Frontex patrullando con barcos o fletando vuelos de regreso. El nuevo pacto reforma las políticas de asilo y propugna un retorno más selectivo: no deportar más sino mejor, con procedimientos más rápidos para priorizar los casos sin derecho a asilo y una distribución equitativa de cargas entre estados, obligados a contribuir a una solidarity pool a favor de Italia, España y Grecia.

Ya se verá. Pero disciplinar la entrada de inmigrantes, proteger los derechos humanos y repartir solidariamente las responsabilidades entre el norte y el sur será complicado. Parece una nueva invitación a continuar con políticas migratorias híbridas que combinan mano dura y apertura: regularizaciones extraordinarias masivas –como la de Pedro Sánchez, de la que presumía el jueves en elNew York Times– y, al mismo tiempo, externalización del control en países como Turquía, Marruecos, Túnez y Libia. Porque –se quiera o no– es necesario aceptar el hecho migratorio en nuestro mundo global y desigual. Esto no es incompatible con contratar en origen o con la cooperación al desarrollo, a pesar de los dilemas éticos que la relación con algunos países puede suscitar, en forma de conculcación de derechos humanos o de dependencia de regímenes autocráticos.