Desde las elecciones del 12 de mayo ha habido una serie de movimientos que recuerdan a los minutos iniciales de un partido de fútbol: los aspirantes muestran intenciones vagas y se esfuerzan sobre todo en no cometer errores. Hemos visto a los independentistas situar a Josep Rull en la presidencia del Parlament; a Puigdemont optando a la investidura y después rectificando; a Salvador Illa renunciando a contar su programa ante la cámara, y pactando después con los soberanistas para que los diputados exiliados puedan votar. Se trata de maniobras que alargan la agonía y nos sitúan ante la perspectiva, poco alentadora, de una repetición electoral que no parece que tenga que desatascar nada.
Sin embargo, hay un punto en común en estos movimientos especulativos: y es que la derecha españolista –PP y Vox– está fuera de todas las ecuaciones. Así como los dos diputados de Aliança Catalana. En la práctica, es un cordón sanitario que demuestra que la derecha españolista y la ultraderecha se encuentran fuera de los grandes consensos de país. Y está bien que sea así, porque está más que demostrado que en Catalunya ningún cambio sustancial tendrá suficiente fuerza si no se ponen de acuerdo el primer partido en número de votos –el PSC– y el principal bloque ideológico del Parlament –el soberanismo–. Si el independentismo tiene la tentación de arrinconar a los socialistas hacia el “bloque del 155” se quedará sin fuerza coercitiva tanto en Barcelona como –sobre todo– en Madrid.
Y no podemos menospreciar el riesgo de que Salvador Illa, si se siente menospreciado, mire hacia la derecha: en Barcelona ya aceptó los votos del PP para desbancar a Xavier Trias. En el Parlament con esto no tendría suficiente, pero si hay repetición electoral, quién sabe lo que puede pasar. Y para Feijóo, cualquier acercamiento a los socialistas es una forma de desmentir a Ayuso y hacerse un hueco en el centro de la escena. De la escena catalana, también.
Esto no quiere decir que ERC y Junts bajen el listón de sus exigencias. El concierto económico es una condición central, no solo porque es de justicia, sino porque si Catalunya no mueve ficha, PSOE o PP tampoco lo harán, para evitar una guerra civil entre sus barones. Todos los cambios en el sistema de financiación los ha impulsado Catalunya, desde tiempos de Pujol y Felipe González. Para Pedro Sánchez supone un reto gigantesco, un auténtico reset del Estado de las Autonomías y de las finanzas del Estado. Para Catalunya, la disponibilidad de sus recursos se acerca bastante a una cuestión de vida o muerte, viendo la magnitud de los retos sociales, económicos y ambientales. La paradoja del tema es que, quien se beneficiaría, como presidente, sería Salvador Illa.
Si Sánchez quiere mantenerse en el poder apoyado por el soberanismo catalán, solo tiene un camino. ¿O quizás no? Especulemos: si la cuestión de la financiación se envenena, podría ser que Sánchez planteara una alternativa, igualmente complicada: regalar la abstención del PSC para que Puigdemont sea president, a cambio del apoyo de Junts en Madrid y sustituir el concierto económico por un pacto inversor coyuntural. Entonces al soberanismo se le plantearía un interesante dilema: ¿Salvador Illa de president, gestionando un presupuesto espléndido fruto del concierto económico, o Puigdemont de president, obligado a llevarse bien con el PSOE para no perder el asiento?
La primera opción es la más efectiva para demostrar el peso específico del soberanismo y para otorgar más soberanía financiera a Catalunya, pero también da al PSC la oportunidad de instalarse en la Generalitat. La segunda, en cambio, garantiza un president independentista pero con Puigdemont obligado a negociar con el PSC y a no presionar a Sánchez. Restitución pero sin mirar al pasado.
Es una elección endemoniada, pero creo sinceramente que no se va a producir... al menos con la composición actual del Parlament.
