"¿A quién creerá usted, a mí o a sus propios ojos?" Esta célebre frase de Groucho Marx en la película Sopa de ganso resume muy bien el esperpento de las comparecencias en la comisión del Congreso de los Diputados sobre la operación Catalunya. El festival de negaciones, olvidos selectivos y cinismo de manual que han protagonizado figuras como Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal o Alicia Sánchez-Camacho es el modus operandi de quien se siente impune y protegido por las estructuras del Estado.
Cospedal y Sánchez-Camacho negaron ante la comisión cualquier implicación o conocimiento de operaciones sucias contra el independentismo catalán, aunque a primera hora de la mañana se habían hecho públicas nuevas grabaciones que las desmentían con una nitidez meridiana, hechas por el excomisario José Manuel Villarejo, que siempre está cuando se trata de poner la banda sonora a las cloacas del Estado. Pese a negar su veracidad, en las conversaciones se revelan estrategias de guerra sucia, el uso partidista de dinero público y el abuso de poder de las instituciones sin pudor alguno.
En el caso de Rajoy y Fernández Díaz, la línea de defensa fue la desmemoria y la arrogancia. Ambos, con esa pose de no haber roto nunca un plato, se hacían los sorprendidos ante preguntas sobre acciones que ellos mismos habrían ordenado o autorizado. Fernández Díaz, ministro del Interior en la época de los hechos, afirmó no recordar las reuniones y los informes. Rajoy, por su parte, reiteró que nunca dio instrucciones para atacar a adversarios políticos y que si se cometieron irregularidades, él no sabía nada. Este es el caso, por ejemplo, del papel del presidente español para hundir a la Banca Privada de Andorra, tal y como revelan los audios publicados por RAC1 esta semana.
Pero, como siempre, la fonoteca infinita de Villarejo, concebida como un escudo para defenderse y como una forma de chantaje para atacar, ayuda a arrojar luz en la oscuridad. Sus grabaciones, que van apareciendo con cuentagotas, expusieron las miserias de un Estado capaz de utilizar a la policía patriótica, el CNI y los medios de comunicación afines para fabricar delitos, destruir reputaciones y falsear pruebas, todo en nombre de la unidad de España.
Pero lo grave no es solo lo que se hizo, sino la impunidad con la que se actúa. El artículo 3.2 de la ley orgánica 5/1984 establece claramente que si un compareciente miente y de ello se derivan indicios de criminalidad, la comisión debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y el artículo 502 del Código Penal castiga como delito con hasta un año de prisión a quienes falseen la verdad en sede parlamentaria. Pero ya hemos visto muchas veces que mentir sale gratis. No solo no se castiga, sino que forma parte del guion. Algunos grupos parlamentarios ya han pedido que se remitan las declaraciones a la Fiscalía, pero la historia nos enseña que estas iniciativas terminan siempre en papel mojado.
Lo que sí funciona a la perfección es el manual no escrito que José Antonio Sáenz de Santamaría, ex director de la Guardia Civil, resumió en 1995 durante los juicios de los GAL: "Hay cosas que no se hacen; si se hacen, no se cuentan, y si se confirman, se desmienten". Esta doctrina es la que siguen al pie de la letra los Rajoy, Fernández Díaz, Cospedal y compañía. También hay otras declinaciones de esta doctrina, como el famoso "quien pueda hacer, que haga" de José María Aznar, o la justificación de Rajoy para saltarse las reglas del estado de derecho cuando dice, sin inmutarse, que "hicimos lo que teníamos que hacer".
La comisión parlamentaria que ahora está en marcha en el Congreso se constituye con una década de retraso, como moneda de cambio para los partidos independentistas catalanes por las urgencias aritméticas del PSOE, y sin demasiadas esperanzas de llegar a grandes conclusiones. En el 2017, el Parlament de Catalunya ya creó una comisión similar, en la que el PSC se abstuvo de participar, pero sus conclusiones quedaron en un memorial de agravios sin recorrido jurídico. Entonces, las grabaciones aparecidas del que fue director de la Oficina Antifraude con el ministro Fernández Díaz maquinando imputaciones y explicando que "la Fiscalía te lo afina" hicieron mucho ruido y nada más. Todo ello, la repetición de un guion conocido: indignación inicial, promesas de regeneración y, por último, silencio y olvido.
En definitiva, el relato de la operación Catalunya no es solo la crónica de un abuso de poder, sino también la constatación de que las estructuras del Estado actúan con total impunidad porque está muy claro que con las cosas de comer no juegan. Lo único seguro es que, cuando todo acabe, Mariano Rajoy se encenderá un puro, como Groucho Marx.
