Se abre un nuevo ciclo económico, político y social. Los acontecimientos de las últimas semanas permiten pensar que las cosas empiezan a cambiar. El clima es de distensión política, de gestos para preparar el terreno al diálogo. Con la pandemia en sus postrimerías —a partir del día 26 ya nos podremos quitar la mascarilla en los espacios exteriores—, el momento es claramente de arranque económico. Nadie espera milagros, pero viniendo del descalabro del coronavirus, de tres años de turbulencias en la calle y de inestabilidad en las instituciones en Barcelona y Madrid, este nuevo comienzo es un respiro. Y hay que aprovecharlo, de entrada para quitarle las penas a la gente –la precariedad social es preocupante–, para animar la actividad empresarial y para devolver el conflicto soberanista al terreno de la política.
La inminente concesión de los indultos a los presos políticos independentistas por parte del gobierno de Pedro Sánchez abre una ventana de oportunidad. El aval que ha recibido la medida, primero de los mismos afectados, después dentro de las filas más nacionalistas del PSOE y estos últimos días por parte del empresariado catalán y español –y de los prelados catalanes–, ha dejado de momento fuera de juego a la triple derecha con su irresponsable revanchismo frentista. A pesar de que según las encuestas la opinión pública en el conjunto del Estado (y por supuesto la opinión publicada, y todavía más la alta judicatura) es muy refractaria a cualquier concesión al independentismo catalán, la Moncloa está decidida a correr el riesgo de abrir una etapa "de concordia", es decir, a probar la vía del diálogo con Catalunya. En la misma línea, sin euforias ni renuncias, el gobierno catalán de coalición ve los indultos no como una solución, pero sí como una oportunidad, y también está decidido a jugar la partida del diálogo y la negociación. La simbólica visita a Waterloo del president Pere Aragonès al ex presidente exiliado Carles Puigdemont sella, desde los diferentes acentos estratégicos, la apuesta gubernamental conjunta, que incluye sentarse en la mesa de diálogo con el Estado con una perspectiva inicial de dos años.
Hay, además, un marco común: en Madrid y en Barcelona, y entre todos los agentes, tanto los económicos como los políticos, existe el acuerdo tácito de dar prioridad a la recuperación económica y al alivio social, dos objetivos para los cuales resulta esencial rebajar la tensión post-Procés quitando fuerza y protagonismo a la represión judicial. Para hacerlo posible, hará falta persistencia y mano izquierda de todas las partes. La distensión política seguramente ha llegado más por aritmética parlamentaria que por convicción ideológica, más por agotamiento general y empate de impotencias, y por responsabilidad ante lo que ha supuesto el covid-19. Y, además, se tendrá que abrir paso entre una carrera de obstáculos. Solo hay que pensar en el mal que puede hacer las próximas semanas la actuación parajudicial del Tribunal de Cuentas, con su arbitraria persecución económica del independentismo. Sin duda, pues, pese al optimismo económico y sanitario que apunta hacia una rápida salida de la crisis pandémica, este cambio de clima político no será automático ni está garantizado.
