Incrustados desde el siglo XVI

Pregunto a un servidor público de la administración catalana cómo conoció a los miembros del gabinete de Montoro y los hermanos Martínez Rico, y me habla de un entorno de personajes que "están incrustados en el sistema del Estado desde el siglo XVI". La exageración de mi amigo es una broma, pero tiene sentido cuando habla de otro alto funcionario del ministerio de Hacienda –Rufino– que, imperturbable, iba recibiendo y despidiendo a ministros como lo habían hecho antes su abuelo y su padre.

Ricardo Martínez Rico –ex secretario de estado de Presupuestos con el PP de Aznar– fue el hombre que sustituyó a Cristóbal Montoro en la consultora Equipo Económico cuando fue nombrado ministro de Hacienda. Su hermano, Felipe, era el jefe de gabinete del ministro de Hacienda. Tras trabajar en la administración fue miembro del consejo de administración de Abengoa, "que siempre ha estado cerca del poder político", y desde donde podía facilitar a la constructora una relación directa con Hacienda. La afirmación no es mía sino de los Mossos, que han investigado el cobro de comisiones de empresas eléctricas, gasistas, tabacaleras, de renovables y bancos a cambio de condicionar las decisiones del gobierno del PP.

Según el sumario, Solaria habría facturado unos 2 millones de euros, aproximadamente como Madrid Network, el BBVA y Telefónica. La Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim) pagó casi 780.000 euros para conseguir la aprobación de al menos dos rebajas fiscales (2013 y 2018), y Abengoa pagó 3,9 millones de euros a Equipo Económico entre el 2009 y el 2015 en una relación que según la investigación de los Mossos "va más allá de la contractual".

Según las conclusiones policiales, un conjunto de empresas de múltiples sectores le habrían pagado unos 7,8 millones de euros entre el 2012 y el 2015, con el PP en la Moncloa, y la cifra subiría hasta 11 millones de euros si se amplía el periodo desde 2008.

El sumario del juez de Tarragona que ha imputado a Montoro y a otras 27 personas –la mayoría ex altos cargos cuando él era ministro– es de una gravedad extrema. De hecho, los cargos son por presunta comisión continuada de los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Se investiga también si se ha producido blanqueo de capitales.

Del auto del juez se deduce la existencia de un grupo de conseguidores capaces de cobrar de empresas privadas para favorecerlas legislando desde la administración a su medida y con un total desprecio por el ciudadano y por lo público. Estamos ante un grupo de individuos que se enriquecían mientras el ministro amenazaba a empresas y contrincantes políticos, recortaba el gasto social de municipios y autonomías calificándolo de superfluo, y asfixiaba las finanzas públicas aprovechando la crisis de la deuda. Montoro actuó siempre como un capataz de la metrópoli con las colonias mientras al parecer alimentaba su patrimonio y el de sus colaboradores.

Del mismo modo que accedía de forma impropia a los datos de Hacienda de contribuyentes destacados para después chulear públicamente y soltar insinuaciones sobre impagos, parece que Montoro también amenazaba directamente a periodistas. Es el caso del director y presentador de Onda Cero, Carlos Alsina, que ha explicado públicamente que fue llamado a capítulo por Montoro cuando presentaba La brújula y en un ataque de ira le recordó que era él quien decidía el IVA del libro digital, lo que no gustaría al propietario de la cadena, el Grupo Planeta.

La corrupción del PP gestionando la hacienda pública no es una casualidad. Las dos veces que el Partido Popular ha estado en el poder en España (1996-2004 con Aznar al frente y 2011-2018 con Rajoy) su comportamiento ha sido denigrante en este capítulo esencial de la vida política y económica. Las dos figuras insignia, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, están hoy manchadas.

Rodrigo Rato fue desde mayo de 1996 vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía, un cargo que mantuvo hasta el 17 de abril de 2004 (también fue ministro de Hacienda entre el 1996 y el 2000). Montoro, por su parte, fue ministro de Hacienda con Aznar (2000-2004) y con Rajoy (2011-2018). Es evidente que ambos, Rato y Montoro, elaboraron la política económica y fiscal de las etapas conservadoras y ambos lo hicieron en beneficio propio. Si en octubre del 2018 el Tribunal Supremo confirmó la condena de cuatro años y medio de cárcel para Rodrigo Rato, en el 2012 Montoro sacó adelante una amnistía fiscal a la que también se acogió su predecesor. Unos 600 amnistiados fueron posteriormente investigados, Rato entre ellos, al que se le abrieron varias causas que desembocaron en septiembre del 2023 en un juicio por la comisión de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción.

Montoro fue el artífice de reformas fiscales muy profundas en las últimas décadas. Fue responsable de la ley de estabilidad presupuestaria, de la reforma fiscal de 2012 y de la polémica amnistía fiscal. También intervino las finanzas de las comunidades autónomas con el FLA. Hoy parece que mientras tanto se hacía rico legislando a la medida de algunas empresas con absoluto desprecio a los ciudadanos.