La justicia y el control de la pandemia, un choque permanente

Ha sido una constante desde el inicio de la pandemia ahora ya hace un año y medio, pero no ha habido manera de solucionarlo. Por un tema o por otro, es habitual que parte de las decisiones para contener la pandemia choquen con la justicia, que según cómo interpreta la ley admite o deniega las propuestas de las diferentes administraciones. Hay casos que quizás parecerían extralimitaciones de los jueces, como la juez de Castellón que ha obligado a un hospital público a dar un tratamiento alternativo y que no está autorizado por el servicio de salud a un enfermo de covid-19. Este es un precedente muy peligroso porque abre la puerta a la posibilidad de que los enfermos o las familias intenten forzar tratamientos a la carta en contra de los criterios médicos, lo cual ha provocado con razón la indignación de todos los colegios de médicos y de la administración. Este caso se recurrirá y sería deseable, por el bien de la sanidad pública, que se revirtiera la decisión. Pero lo más habitual ha sido que las sentencias de los jueces fueran fruto de la falta de base legal para justificar la decisión tomada.

Ya con el confinamiento y el toque de queda general se vio que hacía falta un cobertura legal que permitiera medidas tan drásticas de privación de libertad. Las herramientas utilizadas por el gobierno español fueron también motivo de polémica y debate entre los juristas y los políticos, pero al menos había un decreto refrendado por el Congreso que autorizaba las medidas. Después, a pesar de que desde la oposición se pedía algún tipo de paraguas legislativo claro, el gobierno español consideró que la actual legislación ya permite las restricciones necesarias y ha dejado en manos de las comunidades, y sobre todo de los jueces, el control de la peor pandemia del siglo. ¿Los jueces saben de epidemiología? Evidentemente, no. Pero al final son ellos los que tienen que decidir con la ley en la mano si está suficientemente justificado el recorte de derechos que reclaman las diferentes administraciones.

La ley es interpretable, y por eso hemos visto que en un lugar se permitía cerrar la restauración o instaurar el toque de queda y en otros no. Cada juzgado ha actuado en función de lo que ha considerado a partir de su interpretación de la ley, de la jurisprudencia y de las pruebas que les pasaban las administraciones. La ciudadanía, sin embargo, está sorprendida e indignada casi siempre por el protagonismo de los jueces en un caso de salud pública en el que sus decisiones pueden costar vidas, y también por la poca destreza con la que a menudo desde la administración se justifican las medidas. Es lamentable que no haya habido acuerdo político y técnico en todo este tiempo. Han faltado unos parámetros claros que evitaran estas diferentes interpretaciones judiciales, porque los que había se han ido modificando. La decisión de este miércoles del TSJC de denegar el toque de queda –con aún casi 500 enfermos en la UCI y más de veinte muertos al día– la justifica por lo que considera un cambio de criterios de Salud poco explicado. El problema es que la ley es lenta pero los giros de esta pandemia son muy rápidos. Hasta ahora no nos hemos podido adelantar, y con este sistema de funcionamiento es posible que no lo consigamos nunca. A finales de septiembre lo veremos.