Es de lectura muy recomendable la entrevista que le hizo hace unos días Laura Serra al politólogo Jean-Rémi Carbonneau, en este diario. Carbonneau es un quebequés francófono, y ha centrado buena parte de su vida en estudiar las políticas lingüísticas de los estados plurilingües y/o con más de una lengua oficial, como en Canadá. Sobre la lengua catalana y España dice un par de cosas que sabemos desde hace tiempo, o deberíamos saber, pero que es bueno que alguien de fuera venga a subrayarlas.
Una ya queda recogida en el titular: “Cuando dices «el catalán morirá de todos modos» estás contribuyendo a su muerte”. En efecto, los augurios apocalípticos sobre el catalán se han vuelto tan frecuentes dentro del debate público en el espacio comunicativo catalán que se ha acabado creando la falsa disyuntiva que debe alinearse con el catastrofismo para no parecer un pámfil, o un optimista ingenuo. Como consecuencia, se acabó produciendo una especie de competición a ver quién le vaticina un futuro más negro al catalán. En un contexto de bilingüismo y diglosia, todo este pesimismo no hace más que transmitir un mensaje contraproducente: que, de las dos lenguas oficiales que el ciudadano tiene a su disposición, hay una que es inútil y prescindible, porque la suya desaparición es cuestión de poco tiempo. Se invita a los ciudadanos al abandono de la lengua que se supone que se encuentra cerca de la muerte.
Otra cuestión fundamental es la del marco jurídico del catalán en España, empezando por lo que establece la Constitución. El punto principal se encuentra en el artículo 3.1 de la Constitución, que Carbonneau considera que “debería borrarse”. Lo comenta así: “Es el punto que dice que todos los españoles tienen el deber de conocer al castellano. Si nosotros hubiéramos tenido esto en Canadá, Quebec ya haría tiempo que se habría separado de ello. Además, es una contradicción con otros derechos que existen en la propia Constitución en cuanto a la igualdad de los ciudadanos: no puedes decir que no habrá discriminación por motivos de cultura, de lengua, y que sólo los castellanohablantes tengan derechos lingüísticos en todo el estado español”. Es así: la Constitución española consagra la desigualdad entre las lenguas del estado, y éste es un problema fundamental.
La respuesta a esta desigualdad debería ser, como también dice Carbonneau, la plena oficialidad del catalán, el gallego, el euskera y el castellano en todo el estado, acercándose de verdad a un planteamiento federal. Sin embargo, siempre que una minoría reivindica o hace valer sus derechos, habrá siempre resistencia por parte de los privilegiados. Es necesario que los catalanohablantes tengamos claro que con esto nos encontraremos siempre, incluso en un hipotético estado catalán independiente. De hecho, un error clásico ha sido pensar que la cuestión del catalán la arreglaríamos con la independencia. Primero, porque podría ocurrir que no haya independencia. Y segundo, porque, de existir, no quiere decir que la situación de la lengua tuviera que cambiar sustancialmente.
