A menudo, el ilusionismo es un recurso de gobernabilidad en tiempos difíciles, como los vividos en 2011, cuando Artur Mas desvió la atención de la confrontación social del 15-M –con el correspondiente asalto al Parlament– subiendo el nivel de exigencia independentista. En otro ámbito, el ilusionismo de Eurovegas, un macrocomplejo de ocio turístico y casinos, se utilizó para enmascarar la situación de recortes sociales y paro no deseado.
El primer destino fue Madrid, donde no aceptaron sus exigencias, contrarias a la legislación tributaria y laboral vigente, hecho que aprovechó la Generalitat para abrir sus puertas al promotor, ofreciendo lo que el Estado había negado, y proponiendo el Parc Agrari del Llobregat como lugar idóneo: turismo de cruceros y aeropuerto; el AVE y el reclamo de Barcelona. Por suerte, la altura de los edificios contraria a las normas de AENA y la oposición del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat obligaron a cambiar de emplazamiento. El empresario Mr. Adelson fue recibido en Palau como un alto dignatario y pasó de largo, a pesar de la promesa de rebajar los impuestos en los establecimientos de juego y apuestas.
Pero el ilusionismo debía continuar. Tendríamos nuestro BCN-World entre Salou y Vila-seca. Para facilitarlo, el Parlamento aprobó, en 2014, la reducción impositiva del 55% al 10% para las actividades del casino, extendiéndola a los cuatro ya existentes –de los cuales tres pertenecen al grupo Peralada–, pero ignorante si ello afectaría a la tributación de las 28.095 máquinas tragaperras o del juego online. Todo esto coincidía con recortes de los servicios públicos y el aumento de las tasas universitarias.
Con las renovadas expectativas, acudieron a Palau promotores de diversa credibilidad: Dos empresas valencianas –Veremonte y BCN IR 3 SA, esta última propietaria de la licencia del Hard Rock–; Melco Crown, multinacional del juego chino, etc. En 2018 se adjudica el proyecto a Hard Rock International y se dio luz verde a la redacción del PDU y al compromiso de compra de los terrenos en la Caixa.
Hoy, las derivadas políticas de este proceso han enturbiado el relato del proyecto. En primer lugar, resulta poco aceptable que un negocio privado se convirtiera en un instrumento de presión política y debido al adelanto electoral. En segundo lugar, de las declaraciones del Govern se desprende que la propuesta no es deseada, tal y como declaró la consellera de Economía: "Pensamos que en la Cataluña de 2024, el Hard Rock no encaja, pero no es una decisión política. ha algunos pasos que están regulados por ley y no darlos tendría consecuencias económicas y jurídicas". Lo que significa que el Gobierno está hipotecado por decisiones anteriores. En tercer lugar, se han enfriado las expectativas del proyecto, como demostrará el silencio, en campaña electoral, de los partidos que lo apoyan, para no perder votos contrarios y evitar defender un clientelismo poco ético. Y, por último, porque hoy el proyecto se convierte en anacrónico, como lo dejaba traslucir la propia consellera en referencia a las rebajas tributarias: “En la Catalunya del 2024, a todos nos haría dolor de ojos”.
Pero lo que parece más grave es destinar cien hectáreas a aquellos usos, sin la visión del entorno físico y social que le rodea. Si la finalidad es la turística, se debe valorar la saturación de Salou, con una población que se quintuplica en verano y triplica el paro durante el resto del año; evaluar los beneficios sociales que aportan los cientos de hectáreas en resorts privados y que hoy la patronal admita que el turismo ha tocado techo.
El debate sobre el Hard Rock requiere una mirada más amplia. El Tarragonès ha estado destinado a acoger las instalaciones estratégicas que el Estado y la Generalitat no han querido cerca de los centros de poder del país: petroquímica, refinería, térmica y otros, lo que ha dificultado la expansión y conexión de los núcleos urbanos, y ha sido la causa de unas condiciones medioambientales que afectan a la seguridad y la salud de la población, además de la sobreexplotación de los recursos hídricos, la salinización del acuífero y la polución de las aguas costeras.
Sin embargo, revertir esta realidad es condición necesaria para lograr el equilibrio territorial y un futuro ocupacional digno. Pensamos en las 1.500 hectáreas destinadas a la petroquímica, la oferta de 50.000 puestos de trabajo y la oportunidad de creación de empleo de calidad, a partir de la inaplazable reindustrialización. Hoy la Generalitat apuesta por la Región del Conocimiento, las expectativas Next Generation, la captación de inversiones y las energías limpias. Este camino deberá recorrerse con la aportación de la innovación tecnológica, y Tarragona cuenta desde 1991 con la Universidad Rovira i Virgili, comprometida con las actividades productivas del territorio, e importantes empresas del sector reclaman la ayuda de las administraciones por empezar aquella transformación.
La recuperación del paisaje físico y social del Tarragonès es un objetivo necesario de buena gobernabilidad, lejos de gesticulaciones ilusionistas. La situación de los terrenos del proyecto del Hard Rock, anexo a la petroquímica, comporta un capital que no puede desperdiciarse, y más cuando el planeamiento vigente permitiría usos con finalidad científica, tecnológica o residencial complementaria a una futura transformación de la actividad industrial. Si esto es cierto, ¿qué sentido tiene promover un complejo de ocio turístico, y edificar 745.000 m2 y un hotel-casino de 100 metros de altura en forma de guitarra eléctrica?
