Cuentan Nicholas Dagen y Matthew Gordon que, entre 1930 y 1970, la ciudad de Nueva York encontró "espacio y recursos" para construir "cientos de miles de viviendas por debajo de precio de mercado, de formas y tamaños muy diferentes, así como para varios poderes adquisitivos." Hoy, medio millón de neoyorquinos viven en viviendas públicas, y un millón más viven en apartamentos asequibles promovidos por el sector privado gracias a subsidios estatales, federales o locales.
Mònica Bernabé publicó el pasado fin de semana en este mismo diario un artículo importante sobre el estado de los cuarteles de Sant Andreu en Barcelona, y me hizo pensar en este binomio necesario para hacer vivienda pública: espacio y recursos. Es oportuno dar visibilidad a las reservas de suelo público ahora que el gobierno español ha anunciado la reforma de la Entidad Estatal del Suelo (SEPES), y preguntarse qué rol puede tener en Catalunya: ¿contribuirá a ampliar el patrimonio de suelo en ciudades importantes para la descentralización territorial, ¿edificará viviendas asequibles sobre terrenos de los ayuntamientos o rehabilitará los edificios vacíos de la Sareb que no han tenido salida a mercado?
Durante muchos años he oído el mantra de que "no hay suelo disponible" para hacer vivienda protegida, pero no es cierto. Hay suelo calificado para hacer vivienda protegida en manos de promotores privados, y también los hay de los ayuntamientos, que la han obtenido como cesiones de suelo gratuitas precisamente por los deberes que la ley de urbanismo impone a los propietarios de suelo. Y también tiene la Generalitat, a través del Incasòl, que hizo una política activa de compra de terrenos impulsada por Joan Anton Solans precisamente pensando que serían necesarias estas reservas en el futuro. Consorcios urbanísticos como BSAV (Barcelona Sagrera Alta Velocidad), el de la reforma de la Gran Vía de Hospitalet o los que estaban llamados a desarrollar las Áreas Residenciales Estratégicas, se crearon para fabricar suelo para edificar viviendas libres y protegidas. Consorcios como el del Campus del Besòs-UPC disponen de suelo para actividad económica que no tiene la salida esperada en el mercado, y hace pensar si habría que cambiar el uso de estos terrenos para hacer vivienda protegida en primera línea de mar.
En entornos metropolitanos hay suelo de titularidad pública para construir cientos de viviendas asequibles en lugares estratégicos como el Parque del Alba, junto al Sincrotrón, en las Tres Chimeneas del Besòs y en el sector de Can Filuà, en Santa Perpètua de Mogoda . Y en Cataluña hay algunas ciudades clave que disponen de reservas de suelo que pueden ser críticas para ampliar su parque de viviendas de alquiler asequible.
Hay ciudades que reciben mayor presión turística que Barcelona que no cuentan con un parque de vivienda asequible. L'Escala tiene aproximadamente 15.000 viviendas, 4.000 de principales y 10.000 de secundarias, y el aumento de precios en las compraventas deja fuera de mercado a los residentes de toda la vida que precisamente prestan servicios a la población flotante. Pero en la entrada del municipio hay un pinar con un sector llamado la Closa del Llop, que tiene buenas vistas sobre la ciudad, que puede ser un buen emplazamiento para edificar villas urbanas (de 3 o 4 plantas, con balcones y terrazas) en régimen de alquiler protegido. Hace más de veinte años que se adquirieron estos suelos, y hay muchas formas de activarlos.
Siempre pensamos en Figueres como la ciudad del Museo Dalí, pero tiene una estación del AVE con tanto potencial como la de la Sagrera en Barcelona. En las antiguas Hortes de Vilabertran se dibujó un sector para 1.000 viviendas, llamado Parque de las Aguas, y que quedó también empantanado por la crisis del 2008. Allí el Incasòl tiene una decena de parcelas por hacer -unas 240 viviendas, a las que el mercado privado nunca ha encontrado viabilidad, pero que con subvenciones públicas y ayudas podría reactivarse.
La estrategia del Pirineo 2024-30 tiene como eje prioritario las políticas de vivienda para evitar el despoblamiento en esa zona. Pues en la Seu d'Urgell hay también un sector urbanizado (con las calles hechas), llamado Horta de Valira, donde hay parcelas públicas para viviendas protegidas. Nadie quiere promoverlos porque los precios de los alquileres no compensarán los costes de construcción, pero con ayudas públicas sí que se desbloquearían. Y de paso, todas las maestras, y médicas, estudiantes, monitores de esquí, y ganaderos, podrían permitirse vivir en temporada baja.
En Tarragona existe un sector de nombre demasiado técnico, "el Plan Parcial Urbanístico 10 (PP-10)", que tiene espacio para 1.260 viviendas, de las que 400 estaban destinadas a ser asequibles. La promotora municipal ha cedido en derecho de superficie una parcela a la Fundación Salas, y el Incasòl también tiene un terreno para un centenar de pisos.
Hasta aquí algunos ejemplos que demuestran que hay espacios, y están a punto.
