14/09/2022

¿Qué pasa cuando son los jueces los que incumplen la ley?

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Imagen del pleno del Consejo  General del Poder Judicial (CGPJ) de este jueves por la mañana

BarcelonaEste martes, 13 de septiembre, acababa el plazo para que el Consejo General del Poder Judicial nombrara a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden. Este plazo constaba en una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que se aprobó en el Congreso de Diputados el 27 de julio, que les devolvía la potestad para hacer los nombramientos pero les fijaba un plazo temporal. Pues bien, el plazo ha pasado y el CGPJ no ha hecho los nombramientos. Como si esto de cumplir la ley fuera una cosa opcional o dependiera del humor de cada uno, un grupo de miembros conservadores de este órgano ha decidido que se lo toman con calma y apenas han aceptado iniciar las conversaciones con los progresistas.

El gobierno español, de momento, no quiere hacer sangre y confía en que el acuerdo se producirá "durante los próximos días", en palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop. Pero los hechos, no por anunciados, dejan de ser graves. Muy graves. La decisión del órgano de gobierno de los jueces de incumplir la ley que regula sus funciones los sitúa en la práctica en una situación de rebeldía ante el poder legislativo y del ejecutivo. Es una flagrante conculcación de la separación de poderes.

En Catalunya hemos tenido que oír mucho aquello de que nadie está por encima de la ley y de que fuera de ella solo hay selva, y que por lo tanto no se puede contraponer nunca la legitimidad democrática con la legalidad. Y a partir de este discurso fueron condenados nueve dirigentes políticos y sociales a duras penas de prisión por haber organizado un referéndum y hacer caso omiso de las sentencias del Constitucional. Pues bien, todos estos argumentos caen ahora por su propio peso cuando son los propios jueces los que incumplen la ley. Y no justo es decir que se trata de un plazo arbitrario, porque quizás lo es, pero fue aprobado en el Congreso.

La pregunta que se tiene que plantear ahora el sistema político español es: ¿qué pasa cuando son los propios jueces los que se saltan la ley? ¿Cómo se resuelve la situación de indefensión en la que queda el Parlamento? La Comisión Europea ya hace tiempo que expresa su preocupación por la degradación de la situación judicial española, atribuible al bloqueo impuesto por el PP a la renovación de los órganos y a la conspiración de los miembros conservadores contra un gobierno que no les gusta y que consideran ilegítimo. La situación es como la húngara, pero al revés: aquí no es un gobierno iliberal el que trata de controlar a los jueces, sino unos jueces que se dejan manipular por un partido para ir contra un gobierno y una mayoría parlamentaria determinados. Es lo que algunos especialistas denominan lawfare o guerra jurídica, y está dirigida contra todos aquellos que consideran sus enemigos.

El PSOE saca pecho siempre que puede diciendo que España es una democracia consolidada y de calidad, pero en una democracia consolidada y de calidad los jueces no desobedecen las leyes ni hacen una lectura sesgada para conseguir unos determinados objetivos, como pasó con la sentencia del Procés y el delito de sedición. Se limitan a aplicarlas con la máxima objetividad y rigurosidad posibles.