El derecho al aborto ha quedado prácticamente prohibido en Polonia. El Tribunal Constitucional ha dictaminado este jueves que la interrupción del embarazo en casos de malformaciones fetales es “incompatible” con la Constitución del país. Esto significa que, una vez esta decisión –definitiva y vinculante– entre en vigor, el aborto solo estará permitido en casos de violación, incesto o si la vida de la madre está en riesgo, unos supuestos que tan solo representan un 2% de las interrupciones legales que ha habido en los últimos años. Polonia ya tenía una de las leyes sobre el aborto más restrictivas de Europa, pero ahora las organizaciones de derechos de las mujeres consideran que la prohibición será casi total. Por eso, Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Reproductivos o Humans Rights Watch tenían este jueves observadores ante un alto tribunal desacreditado, que la propia Comisión Europea ha reconocido que no es independiente políticamente por las reformas judiciales que ha llevado a cabo el gobierno del PiS (Ley y Justicia).
De hecho, activistas y oposición han acusado al ejecutivo de haberse servido de la justicia para aprobar las restricciones y evitarse los costes políticos de una cuestión tan divisiva en un país tan católico como Polonia y donde la Iglesia todavía tiene mucho poder de influencia. Pero, según una encuesta de opinión publicada a finales del año pasado, después de la reelección del PiS, menos de un 15% de los polacos se mostraban partidarios de endurecer todavía más la ley de aborto. Así que la decisión la han tomado 13 jueces del Constitucional con solo dos votos en contra.
A partir de ahora los miles de mujeres que hasta hoy ya se veían abocadas a interrumpir el embarazo ilegalmente o a viajar al extranjero, principalmente a Alemania, Eslovaquia o la República Checa, donde las normas son mucho menos estrictas, para poder abortar, podrían ser muchas más. Precisamente, este mismo martes, el Parlamento eslovaco rechazó una ley que pretendía endurecer los requisitos para la interrupción del embarazo.
Negar la violencia de género
La presión sobre las mujeres polacas se ha ido volviendo cada vez más intensa. Este verano el gobierno anunciaba también su intención de retirarse del Convenio de Estambul, el primer tratado internacional vinculante para combatir la violencia contra las mujeres. Un convenio que Hungría y Eslovaquia todavía no han ratificado porque aseguran –sin ningún argumento– que vulnera la definición constitucional que tienen estos países del matrimonio como unión heterosexual.
Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con mujeres víctimas de la violencia machista en Polonia lamentan que cada vez se denuncian menos casos, de forma que se evidencia el “gran tabú” que todavía pesa sobre la violencia de género y que, desde el gobierno, se niega sistemáticamente. Una situación que, además, el confinamiento durante la pandemia ha agravado. Solo el marzo pasado, el número de llamadas telefónicas a la línea de atención a víctimas de la violencia doméstica de una ONG llamada Centro por los Derechos de las Mujeres creció un 50%.
Human Rights Watch ha denunciado que tanto los líderes del PiS como representantes de grupos a los cuales apoya la Iglesia han atacado públicamente a activistas y organizaciones de derechos de las mujeres, calificándolas de “peligrosas para las familias y los valores tradicionales”.
