El suplicatorio de Puigdemont divide al Parlamento Europeo
El proceso para retirar la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí no ha sido plácido ni ha supuesto un apoyo unánime de la cámara a la petición de la justicia española, sino todo lo contrario. Pese a la aprobación final del suplicatorio, el resultado dibuja una clara división en el Parlamento Europeo alrededor de la cuestión catalana: 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones. Es decir, un 42% de los eurodiputados se han negado a avalar que se reactive el proceso de extradición de los líder independentistas catalanes que se encuentran exiliados fuera de España y que obtuvieron el apoyo de cerca de un millón de votos en las pasadas elecciones europeas. Como dijo Toni Comín, se trata de una "victoria política" del independentismo catalán, que una vez más ve cómo en Europa se ven las cosas sustancialmente diferentes que en el estado español.
De hecho, el mismo juez que los acusa, Pablo Llarena, ha cursado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que le aclare de qué manera se puede hacer efectiva la orden de extradición que ha trasladado a la justicia belga. Llarena, después de sufrir numerosas derrotas judiciales fuera de las fronteras españolas, quiere presionar a los jueces belgas a través de la justicia europea. Recordemos, sin embargo, que la justicia belga denegó la extradición del ex consejero Lluís Puig porque consideró que el Tribunal Supremo no era el órgano competente para pedirlo.
Una vez más, pues, se confirma que la cuestión catalana se juega en parte en el tablero europeo, y que es allá donde la democracia española sufre una fuerte crisis reputacional. Basta de decir que España es una democracia plena reconocida en los rankings internacionales, como repiten a menudo los representantes del PSOE, el PP y Cs. Ninguna democracia europea tiene ahora mismo líderes políticos exiliados en Bruselas ni ha visto cómo un procedimiento de suplicatorio, que habitualmente se resuelve por la vía rápida y con apoyos del 90% de los eurodiputados, ha provocado una grieta tan grave entre los europarlamentarios. El gobierno de Sánchez haría bien de tomar nota y actuar para que el descrédito de la justicia española no acabe arrastrando, si no lo ha hecho ya, a todo el estado español. Tiene en su mano tomar medidas, como por ejemplo la amnistía, para evitar que la imagen de España toque fondo.
Además, este martes, el juez de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado de los presos políticos de Lledoners, que vuelven a estar encerrados sin posibilidad de salir más allá de los permisos ordinarios. Lo más preocupante es que el juez hace suyos totalmente los argumentos de la Fiscalía, en el sentido de que el tercer grado es prematuro, entre otras cosas, porque los condenados no han reconocido la comisión del delito. ¿Pero cómo quieren que reconozcan la comisión del delito de sedición cuando hay numerosos juristas y expertos que cuestionan este tipo penal y la interpretación que hizo de ella el tribunal? ¿Qué tipo de democracia es esta que no permite discrepar de una sentencia? La respuesta es clara: la misma de la cual Europa desconfía.
