Las encuestas preelectorales muestran un alto porcentaje de indecisos, un cierto grosor potencial de abstencionistas, y un posible voto oculto en las formaciones más castigadas en las redes sociales. Mucha gente, pues, se pregunta: ¿a quién voy a votar? No tengo ninguna pretensión de responderles. Pero sí me veo con corazón contestar un interrogante algo más abstracto, pero quizás más relevante: ¿qué quiero que pase en Catalunya en los próximos cuatro años?
Lo primero que quiero que pase es que el país tenga un gobierno nacional, en la mejor acepción del término. Un gobierno que asuma que Cataluña es una nación y que su gobernanza debe ser 100% catalana en cuanto a intereses, objetivos y toma de decisiones. Que se pregunte si las herramientas que tenemos para autogobernarnos son las adecuadas, si los recursos de que disponemos son los que nos corresponden en justicia, y que cuando se relacione con el gobierno del Estado lo haga con una sola premisa: la defensa de los intereses de los catalanes.
Mi segunda prioridad es que el gobierno sea lo suficientemente fuerte y lo suficientemente decidido para encarar algunos retos de país que, al menos parcialmente, se pueden abordar desde las instituciones propias: la defensa del estado del bienestar, la mejora de la sanidad y de la educación pública, la recuperación de la lengua catalana, la búsqueda de un crecimiento ordenado, que apueste por sectores económicos con valor añadido, que controle el turismo y todos los perjuicios que está causando.
Un gobierno que piense en todo el territorio y que nos interconecte mejor, sobre todo con Barcelona, a través del tren. Y en todo el mundo, con un sistema aeroportuario sostenible y autogestionado. Que aumente decisivamente el parque de vivienda pública. Que reforme la administración y no recaiga en los viejos usos de la corrupción sistémica. Y que vele por frenar la degradación ambiental y por contribuir a la lucha contra el cambio climático.
La tercera prioridad es que el gobierno sea sincero. Si es un gobierno autonomista y constitucionalista, que proclame que el futuro de Catalunya no depende de sus ciudadanos, sino del gobierno español, y de su capacidad represora. Que el déficit fiscal nunca se corregirá y que es bueno que así sea. Que el país es naturalmente bilingüe y que si esto implica la minorización del catalán, pues mala suerte. Que los ciudadanos perseguidos por los jueces por los hechos de 2017 o por el Tsunami tienen lo que merecen, porque la justicia española es ciega e independiente.
Si es un gobierno soberanista, le pido la misma sinceridad. Que no hable de “culminar” lo que en 2017 se lanzó a la basura. Que reconstruya el movimiento que nos arrojó a las calles hace una década, desde la generosidad, sin reproches estúpidos ni dobles legitimidades. Que admita que un proceso para obtener más soberanía, o la soberanía total, es un horizonte deseable, pero no un camino de rosas. Que debe ser, forzosamente, una vía unitaria, paulatina y negociada.
Por último, quiero un gobierno que alimente la unidad civil del país. Que respete la pluralidad y realice un esfuerzo de comprensión mutua. Que desterre el riesgo de la xenofobia y el supremacismo (en todas las direcciones). Y sobre todo, que se pregunte si el marco constitucional y estatutario de 1978 sigue representando los anhelos y las ilusiones de la mayoría. Quiero decir que se lo pregunte de forma honesta, y saque conclusiones.
Estos objetivos no interpelan a un solo partido, sino a una amplia mayoría del electorado catalán. Para conseguirlos será necesario un gran espíritu de consenso, y esto no sólo es trabajo del ganador de las elecciones.
