El expresidente Puigdemont será candidato a las elecciones a la Generalitat y se ha comprometido a volver a Catalunya en caso de que pueda ser investido presidente. El anuncio será determinante para la campaña en pleno debate sobre la ley de amnistía, con el PP y algunos jueces afines desplegando todo tipo de originalidades y filibusterismos para descarrilar al gobierno de Pedro Sánchez y de paso la ley.
La campaña de Puigdemont sólo será efectiva si logra hacer creíble que volverá a pesar de los riesgos de ser encarcelado, y si su capacidad comunicativa se traduce en épica independentista, dejando en segundo plano la actual estrategia de negociación de JxCat. Puigdemont quiere despertar el sentimiento de parte del soberanismo del 2017, que hoy está desengañado de sus líderes, de las promesas, de las consecuencias del Proceso y de la falta de una estrategia clara y transparente.
La pregunta es en qué grado, pero está claro que la épica puigdemontista activará una parte del electorado que recuerda con dolor en el 2017 como una humillación en las instituciones, y el expresidente es especialmente hábil en el apelo ción a los sentimientos ya la hora de reconvertir a su favor la caricatura del malvado que le ha construido la derecha española. La capacidad que tiene el expresidente de enervar al Estado es, incomprensiblemente en Madrid, el principal activo electoral de Puigdemont.
En el discurso pronunciado en Elna, Carles Puigdemont no habló de implementar el resultado del 1-O ni de reavivar la declaración de independencia sino de la “consulta definitiva” sobre la autodeterminación. ¿El método para conseguirlo? Un abstracto "hacerlo mejor". La debilidad de su propuesta es la concreción de la hoja de ruta y la desconexión del latido del país durante seis años y medio, en la que el panorama económico, social y por tanto electoral ha cambiado mucho. Para empezar, la mayoría parlamentaria soberanista es completamente impracticable, la amnistía está en curso y el voto dual ha vuelto y ha puesto las políticas de derechas y de izquierdas sobre la economía, el trabajo, la sequía, el turismo, la seguridad y la inmigración sobre la mesa.
Puigdemont quiere volver como el presidente legítimo apartado por la aplicación del artículo 155, olvidándose de Quim Torra, el presidente de su partido que veía a la Generalitat como un obstáculo para la independencia, y olvidándose también de la legitimidad de los resultados que llevaron a ERC a la Generalitat con los votos de su propio partido, cuyas siglas hoy no figuran en el escenario. El candidato de Junts es un animal político y tiene mucho que decir en estas elecciones, a las que llega con una retórica inflamada y una praxis negociadora que no está alejada en la práctica de la de ERC. La voluntad de reagrupar el espacio independentista chocará con la candidatura del cuarto espacio independentista, representado por Ponsatí y Graupera, dispuestos a recordar todos los días el silencio y la dispersión que siguieron la proclamación de la independencia.
Al otro lado, Puigdemont tiene un candidato del PSC que sale favorito pero que está sujeto a los condicionantes del PSOE, y un presidente que quiere revalidar el cargo pero que está condicionado por la poco glamurosa gestión de una realidad más que compleja y escasa mayoría que no le permite ni aprobar los presupuestos.
Más allá de los candidatos con posibilidades de llegar a la presidencia, aparecen una CUP desorientada y unos comunes que, en una carambola de irresponsabilidad, se han cargado los presupuestos de la Generalitat, del gobierno español y del Ayuntamiento de Barcelona. Unos comunes que aún no saben si se presentarán con Podemos, en un episodio de la habitual fragmentación de la izquierda tirándose la virtud por la cabeza y convirtiendo la coherencia en soberbia.
Puede parecer que nada tiene que ver, pero la realidad siempre es una suma de acontecimientos que a menudo nos desbordan emocionalmente. El martes un hombre se suicidó en Sabadell. Tenía 70 años, sabemos que se llamaba Àlex (no tiene derecho a apellido) y que su mujer está enferma, con movilidad reducida y pasa la mayor parte del día en la cama. Cuando la comitiva judicial le comunicó el desahucio –llevaba un año sin pagar el alquiler–, salió del piso donde vivía desde hacía treinta años y se quitó la vida. Su situación económica no la sabía nadie. El alquiler del piso era de 480 euros al mes. Su dignidad e impotencia no le permitieron pedir la ayuda que pagamos con nuestros impuestos.
Pues eso, que sus señorías no aprueban los presupuestos.
