Debe la cosecha de la revuelta campesina en las últimas 24 horas: la Comisión Europea (Ursula von der Leyen) retira la ley que pretendía reducir el uso de pesticidas en toda la Unión Europea, el Gobierno (Pere Aragonès) anuncia que creará un portal único de relación entre campesinos y Generalitat que recogerá todos los trámites y permitirá ahorrar tiempo, y el gobierno español (Pedro Sánchez) anuncia que reforzará la Ley de la Cadena Alimentaria para que los campesinos no vendan a pérdidas.
Mejor una rectificación que nada, pero ¿han tenido que cortar carreteras para que les hagan caso? El portal catalán dice que estará listo este trimestre. ¿Por qué no han pensado antes en simplificarlo? ¿La ley española no se podía reforzar antes? ¿Y la presidenta de la Comisión no podía escuchar a los campesinos antes de impulsar la ley y no después? Además, todo tiene un aire contradictorio: Aragonès se reúne por la tarde con unos manifestantes con los que Junqueras se retrata solidariamente por la mañana (Esquerra ha dirigido la cartera de Agricultura –bajo varias denominaciones– desde el 2016). Y en Bruselas, la extrema derecha aplaude (y se dispone a aprovechar electoralmente) el retroceso de Von der Leyen en su agenda medioambiental.
Esta revuelta ha dejado huella, pero ha sido el síntoma de un mayor malestar y no exclusivo del campesinado: de la gente que trabaja y no llega a fin de mes, de la burocracia digital, de la lejanía de los legisladores desbordados por unos intereses económicos que no pueden contrarrestar, de la imposibilidad de luchar contra precios reventados, de una Cataluña donde no llueve y el agua no se ha gestionado con previsión, y de un planeta donde los árboles, los animales y las personas empezamos a no tocar ni cuartos ni horas con el cambio climático.
