Un rey que habría cometido delitos pero al cual no se podrá juzgar
BarcelonaLa Fiscalía ha archivado finalmente todas las diligencias que había abierto contra el rey emérito, Juan Carlos I, después de comprobar que todos los delitos que se han podido detectar están prescritos o protegidos por la inviolabilidad que el exmonarca disfrutó hasta que abdicó en 2014. En cuanto al principal caso que se investigaba, el de la presunta comisión por el AVE entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí, que después fue transferida a su examante Corinna Larssen, la Fiscalía afirma: "La investigación no ha podido establecer, ni siquiera de manera indiciaria, ninguna vinculación entre el ingreso referido y la adjudicación del proyecto ni, por lo tanto, que esta cantidad guarde relación con el pago de una comisión. Se trataría, pues, de un regalo que podría haber sido recibido en consideración a la condición de jefe del Estado que Juan Carlos de Borbón ostentaba en 2008 y, por lo tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho. No obstante, este posible delito estaría claramente prescrito". Además, el posible delito fiscal tampoco se puede perseguir porque en aquella época era inviolable, según la Constitución. Recordamos que en diciembre la Fiscalía suiza también acabó archivando el caso por el mismo motivo: como Arabia Saudí se ha negado a dar ninguna información, no se ha podido probar el delito de comisión ilegal ni el de blanqueo de capitales.
En cuanto a los casos que se investigaban de cuando no estaba protegido por la inviolabilidad, por ejemplo el del dinero con el que se financiaba gastos de ocio a través de la Fundación Zagatka, las regularizaciones extraordinarias que el exmonarca hizo le han servido para evitar el delito de fraude fiscal. De hecho, la Fiscalía se felicita porque con sus investigaciones se hayan podido recuperar 5 millones de euros para las arcas públicas.
Por todo ello, la situación para Juan Carlos I hoy es muy diferente a la del 2014, cuando abdicó. En marzo del 2020, ante la magnitud de los escándalos, el rey Felipe VI decidió retirarle la asignación y renunciar a cualquier herencia, puesto que este dinero que el exmonarca tenía en el extranjero estaba bajo la sombra de la sospecha. Y de hecho, en agosto del mismo año la Casa Real forzó a Juan Carlos I a emprender el camino del exilio y a establecerse fuera de las fronteras de España, en este caso en los Emiratos Árabes Unidos.
El caso es que ahora el rey Felipe VI se encuentra en una situación muy delicada. Por un lado, su padre ya no tiene ninguna causa pendiente y, por lo tanto, podría decidir volver en cualquier momento. Pero por otro han quedado acreditadas sus prácticas corruptas, entre ellas cobrar dinero de otro Estado o esconder dinero a la Hacienda española. No habrá condena penal, es verdad, pero la condena social ya se ha producido.
El posible regreso de su padre será un gran dolor de cabeza para Felipe VI, así como para el Estado en su conjunto, puesto que es evidente que hundirá todavía más el apoyo a la monarquía. Tarde o temprano, sin embargo, se tendrá que abordar la cuestión del modelo de Estado o, como mínimo, aprobar las reformas legales necesarias para que ningún delito quede impune lo cometa quien lo cometa.
